Morente clama contra la "megaplanta" solar y la Junta dice que la promotora cumple la normativa

Vecinos de Morente, pedanía deBujalance (Córdoba), han pedido a su Ayuntamiento que ejecute una modificación de su ordenación urbanística, a través de una moratoria, para impedir la instalación de una "megaplanta" solar, proyecto que laJunta de Andalucía tiene previsto declarar como de utilidad pública. Varias asociaciones de la pedanía han clamado contra la construcción de cuatro plantas solares que, de salir adelante, provocarán numerosas expropiaciones de terrenos y se ubicarán muy cerca del núcleo poblacional.

Según detallan los vecinos, fue hace apenas unos días cuando varios agricultores recibieron una carta en la que se informa de la expropiación forzosa de sus tierras para construir las plantas fotovoltaicas. Desde Morente han criticado la forma sorpresiva con la que han recibido la noticia, al tiempo que han denunciado que la pedanía "se vería totalmente rodeada" y, por lo tanto, "abocada a su desaparición". Desde la pedanía advierten que el proyecto afectará a zonas de alto valor agrícola (grandes superficies de olivar), paisajístico, ecológico (afectaría al arroyo del Asno) y sociocultural (se perderá tierra cultivable y, por lo tanto, empleo).

Además, los vecinos también señalan posibles "irregularidades" en el proyecto. Por un lado, apuntan que la normativa establece que debe haber un mínimo de 1.000 metros entre planta solar y núcleo poblacional, y aquí habría 521. Además, creen que se ha troceado el proyecto, dividiéndolo en tres de potenciar inferior a 50 megavatios, para "eludir el control estatal" y que tenga que pasar, únicamente, por la Junta de Andalucía.

La Junta dice que la promotora tiene todos los permisos

Sobre este tema ha hablado hoy, precisamente, el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha dicho que los promotores de las plantas cumplen toda la normativa que exige la Junta, la cual, ha apostillado, "es muy exigente".

Fernández-Pacheco ha recordado, además, que no se recibió ninguna alegación durante el periodo en que estuvo abierto el proceso, aunque también ha reconocido que "cualquier ciudadano tiene derecho a presentar su disconformidad".