La resolución definitiva relativa a la titularidad y el uso del antiguo Centro Tecnológico de la Madera (Citma) de Lucena vuelve a estancarse. Horas antes de la sesión plenaria de este último martes, el equipo de gobierno detenía el trámite inicial anclado al acuerdo consensuado con la Junta de Andalucía y que impulsaba la devolución del inmueble al Consistorio. El Ayuntamiento aduce inexistencia de «garantías» acerca de la reparación de las deficiencias patentes en el edificio.
Los grupos políticos habían aceptado iniciar el correspondiente expediente al objeto de solicitar la reversión de la parcela y acudían al Pleno con la decisión unánime de ratificar su beneplácito. El incumplimiento de la finalidad originaria justificaba la petición. El Ayuntamiento y la Junta entienden que este procedimiento es el idóneo por la rapidez que reporta.
Desde hace años, la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR) emplaza su sede en este edificio en un régimen de transitoriedad. Una vez asumida la propiedad de este espacio polivalente, el Ayuntamiento lo cedería a AFAR y a otros sectores productivos locales y comarcales.
Antes de que se debatiera el punto, Teresa Alonso, concejala de Fomento, advertía de que la activación de la reversión «podría condicionar la garantía jurídica de que la Junta acometa las intervenciones». La edil socialista aludía al «deterioro en el mantenimiento durante años». Este jueves, un técnico de la Agencia IDEA, propietaria de la edificación, evaluará las intervenciones precisas en el Citma.
Nueva concejala de Vox
Al comienzo del pleno tomaba posesión la nueva edil de Vox, Laura Sánchez Sicilia. Releva a Jesús Gutiérrez, candidato en 2019 y que renunció al acta a comienzos de octubre.
En la parte final quedaban aprobadas por unanimidad las mociones de Ciudadanos, que propugnaba abordar un estudio sobre un aparcamiento de camiones; y del PP, reclamando al Gobierno central una doble tarifa eléctrica para el regadío. En cambio, PSOE e IU lograban rechazar la proposición de Vox basada en constituir un consejo local de seguridad y, solo Vox, se oponía a suscribir un convenio de 25.000 euros con Infancia Solidaria sustentado en la financiación de una guardería en Kenia.
Y ante las reiteradas interpelaciones de la oposición por la imposibilidad de adquirir suministros en el Ayuntamiento, el equipo de gobierno admitía que la negativa a formalizar «contratos puente» desde hace un mes y medio provoca graves contratiempos cuando acaba una adjudicación y la siguiente concesión se demora.
