La vicepresidenta del Consorcio Provincial de Bomberos, Dolores Amo, y el gerente, Juan Carandell, negaron ayer los hechos que les ha imputado el juez titular del juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, quien ha dictado un auto de imputación contra los responsables del Consorcio de Bomberos de Córdoba en el momento de celebrarse las últimas oposiciones a bombero conductor, así como contra varios de los aspirantes a dichas pruebas, por los presuntos delitos de «prevaricación, tráfico de influencias y revelación de secretos». Entre los imputados figuran la vicepresidenta del Consorcio, Dolores Amo; el gerente, Juan Carandell; el representante de UGT Rafael Hidalgo; los miembros del tribunal, así como contra «la persona que en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio del 2017 hubiera ostentado la condición de alcalde-presidente del Ayuntamiento de Priego», José Manuel Mármol (PSOE).

Amo y Carandell señalan en un comunicado remitido ayer tarde por el PSOE que se enteraron ayer «por la prensa de que se encuentran investigados en un proceso judicial». Asimismo, señalan que «ninguno de los dos ha recibido el auto del juzgado» y que «es rotundamente falso» lo que se les imputa y añaden que «ninguno de los dos formaba parte del tribunal». Además, indican que ambos «han mostrado su deseo de declarar cuanto antes para aclarar esta situación».

Según se expone en las diligencias abiertas por el magistrado, las oposiciones se habían convocado para que «se vieran especialmente favorecidos quienes en ese momento permanecían contratados como bomberos interinos». Para ello, se organizaron una serie de reuniones y encuentros en los que se informaba a un grupo de aspirantes, todos trabajadores interinos, tanto de las preguntas de los exámenes como de otros aspectos a controlar a la hora de presentarse. Entre estos ejemplos se cita el de acordar una señal (tocarse la oreja) para que los examinadores supieran quiénes deberían ser aprobados. Asimismo, cita el juez que se llegó a un acuerdo para que el sindicato UGT ganara las elecciones sindicales, con la intención de que su representante facilitara información sobre el proceso.

Así, indica el juez que la primera estrategia fue la de preparar un temario «en connivencia» con los interinos aspirantes. Una vez acordado, se les ofrecieron clases cuyo contenido era el del examen teórico. Además, se organizaron otros cursos de formación en Priego. En este punto se señala que el alcalde presionó a la hora de seleccionar los alumnos y más tarde, los aprobados. Una vez convocado el proceso selectivo, el juez señala que «se fueron filtrando preguntas e incluso respuestas correctas, que eran canalizadas a aspirantes interinos».

Por su parte, el portavoz de IU (socio de gobierno), Francisco Sánchez, indicó que «si los hechos se confirman son muy graves y pediremos responsabilidades, pero por el momento no tenemos información». Andrés Lorite, portavoz del PP, dijo que se plantean «personarse en la causa», pedir la comparecencia de Amo y una comisión de investigación.