El juez titular del juzgado de instrucción número dos de Córdoba, Arturo Vicente Rueda, ha impuesto una fianza de 830.000 euros al exgerente del Consorcio de Bomberos, Antonio Navarrete, por repercutir directamente en su cuenta particular "un volumen inmenso de transferencias a cargo del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de Córdoba". En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juez indica que, de no abonar dicha fianza, se procedería "al embargo de sus bienes". La fianza podrá ser "personal, pignotaria o hipotecaria".

Los hechos que sustentan esta decisión tienen su origen en las denuncias formuladas por la Diputación contra el exgerente por "supuestos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos". Además, se añade que el pasado día uno de febrero estaba prevista la declaración judicial del imputado, "quien ateniéndose a su derecho a no declarar, no ha dado explicación alguna a los hechos que se relacionan en las mencionadas denuncias".

En los fundamentos jurídicos del auto, el juez explica que el hecho de no declarar no quiere decir que se declare culpable ni admita los hechos, pero que al venir la denuncia de un cuerpo jurídico de la administración (gabinete jurídico de la Diputación) da bastantes visos de credibilidad a la misma, que además viene apoyada en una serie de documentos "que ponen de manifiesto" dichas transferencias de fondos hacia las cuentas particulares del imputado.

En concreto, se trata de transferencias y operaciones que suman en total 626.540,68 euros. Tras enumerar todas las transferencias, el juez señala que "no resulta necesario en esta resolución, en la que se va a resolver a cuestiones afectantes a la responsabilidad civil del imputado, hacer referencia alguna al delito continuado de prevaricación, sin duda instrumental al fin último de apoderamiento patrimonial que ha guiado el comportamiento del exgerente del Consorcio".

Por su parte, el imputado ha interpuesto un recurso de "reforma y subsidiario de apelación" contra la resolución, por considerar que la cantidad pedida "excede con creces la supuesta cuantía malversada".