Los trabajadores de la campaña citrícola deciden hoy en asamblea si convocan una nueva huelga. Así lo expone Pedro Armada, portavoz del Movimiento de Trabajadores del Bajo Guadalquivir, tras rechazar ayer un grupo de empresarios en el Sercla un preacuerdo para regular las relaciones laborales en el sector hortofrutícola de la Vega.

El preacuerdo nace de las reivindicaciones de los trabajadores en la huelga que paralizó la recolección del 10 al 14 de enero. Armada señala que "los empresarios no han querido negociar, además no proponen nada y no aceptan contratar a través del SAE", añadiendo que "no dicen que hay que luchar contra la delincuencia laboral cuando la competencia desleal está arruinando el sector, pasa algo raro". Armada también señala que los empresarios indican que cumplen escrupulosamente el convenio y dice que "es mentira porque nadie paga la gasolina y en los almacenes las mujeres doblan turnos con lo que se ahorran un día en Seguridad Social". Francisco Moro, secretario general de la CTA, explica que han asistido 11 de las 22 empresas convocadas. Moro afirma que "no han querido firmar nada porque es vinculante y no se quieren comprometer". Señala que "no tienen mentalidad empresarial, el sector se les va al traste, el tejido empresarial tiene que controlar los canales de comercialización para tener la plusvalía que encuentran en el jornalero". Por otro lado, Moro anuncia que promoverán una reunión entre las administraciones central, autonómica y local con los empresarios para intentar llegar a un acuerdo.

El preacuerdo plantea que las empresas contraten a través del SAE, a dar de alta en la Seguridad Social, que el despido sea por escrito y motivado, el abono de los salarios mediante transferencia bancaria y de 46,31 euros, prohibir el destajo, cuadrillas tradicionales de 24 personas, no doblar jornadas en almacenes y que el manijero sea solo capataz.

PRECIO JUSTO Por otro lado, Manuel López, secretario local del PA, se mostró a favor de ordenar la oferta y demanda de empleados a través del SAE, de la inversión pública en la agroindustria y una ley de precio justo.