El Ministerio Público mantiene la imputación de 100 delitos fiscales y la petición de más de 300 años de cárcel para el principal acusado del caso Fénix, en el que se juzga un presunto fraude a la Hacienda pública en la compraventa de oro estimado en unos 150 millones de euros.
En la presentación de sus conclusiones definitivas, que ha tenido lugar este miércoles, la fiscal ha detallado las penas que pide para los procesados, que oscilan entre los siete meses y lo dos años y medio de prisión por cada delito.
Así, pese a que pueden parecer bajas, hay que tener en cuenta que, además de lo ya apuntado para el principal acusado, atribuye 98 delitos fiscales a un grupo inferior a la decena de personas y en otros casos imputa también varias decenas de delitos.
La fiscal ha informado de que concurre en todos los procesados la circunstancia atenuante muy cualificada de dilación indebida y es que cabe recordar que las primeras detenciones de esta operación se produjeron en el 2006. Del mismo modo, ha indicado que concurre la atenuante de confesión en dos encausados.
Por otra parte, ha subrayado la retirada de la acusación para 18 personas, entre las que se encuentran las tres que ya fueron anunciadas al inicio de la vista oral por prescripción de los delitos y la del supuesto cabecillade la trama, para quien pedía, al igual que para su hijo, más de 300 años de cárcel por 100 delitos fiscales.
En este sentido, en siete casos la acusación ha sido suprimida por el fallecimiento de los procesados. Junto a estos, ha indicado la prescripción de los delitos para otras dos personas y ha señalado que no ha quedado acreditada la participación de seis.
Cabe recordar que el juicio comenzó el pasado mes de octubre con 96 personas físicas y 26 empresas procesadas por un presunto fraude a la Hacienda pública en la compraventa de oro, que se habría cometido entre los años 2002 y 2006 a través de distintos impuestos como el IVA y el de Sociedades.
En líneas generales, la abogada del Estado ha mantenido la postura planteada por el Ministerio Público. De su parte, las defensas, ejercidas por medio centenar de abogados, han elevado a definitivas sus conclusiones y en algunos casos han solicitado que el Estado asuma las costas del procedimiento.
Estos han sido los resultados más destacados de la sesión celebrada este miércoles, en la que la jueza titular del Penal 4, Inmaculada Nevado, ha apuntado la posibilidad de que el juicio quede vito para sentencia antes de Semana Santa. De ser así, esto significaría una importante reducción de los tiempos, ya que se había estimado que podría concluir en el mes de junio.
Trama orquestada en Barcelona
Entre los procesado hay joyeros, trabajadores y contables, y en algunos casos las defensas han planteado que sus representados se encuentran ingresados en residencias de ancianos o tienen un estado de salud deteriorado.
Las fianzas por responsabilidades civiles reclamadas en el primer momento se situaron en torno a 107 millones de euros, con cantidades individuales que iban desde los 236.000 euros a los 25 millones de euros.
En cuanto a los presuntos hechos cometidos, de acuerdo con lo conocido hasta el momento la sociedad principal, ubicada en Barcelona, habría importado oro fino de Suiza que vendía sin transformar a mayoristas y fabricantes de joyería.
Al parecer, esta sociedad hacía figurar como destinatarios a firmas creadas por ella misma, con lo que justificaba sus ventas y ocultaba a los verdaderos compradores, que no aparecían en las facturas y eludían el pago de impuestos.
En la vista oral se han escuchado distintos testimonios como el de un comprador de oro que ha admitido pagos con y sin factura.
De este modo, una de las empleadas de este procesado, también encausada, ha señalado que desde la empresa del principal acusado le daban dos precios para la compra del metal, con y sin factura.
En el 2017, cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba dictó el auto de apertura de juicio oral, se avanzó que este sería el mayor macrojuicio celebrado nunca en Córdoba.
