El consejo de administración de Procórdoba adoptó ayer cuatro medidas en relación con la empresa municipal. En primer lugar, Procórdoba instará al Ayuntamiento a que estudie la posibilidad de cancelar la operación de crédito que mantiene con el BBVA y que vence el 3 de julio, es decir, le pedirá que se haga cargo de la deuda de 16 millones. En segundo, el gerente de Procórdoba, Francisco Paniagua, propondrá la venta de los suelos que considere que pueden tener salida en el mercado actual. En tercer lugar, el consejo de administración propondrá al Pleno y a la Junta General de la empresa que deje sin efecto la reestructuración societaria aprobada en junio del año pasado. Por último, solicitará a Urbanismo que lleve a cabo una valoración de los suelos y aprovechamientos urbanísticos de Procórdoba para posteriormente consultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria si permite la disolución sin coste fiscal.
Aunque ninguna de esas medidas plantea de forma explícita la disolución de Procórdoba, en el fondo de las mismas subyace esa posibilidad, que cada vez cobra más fuerza. Pero no será de un día para otro. Habrá que esperar un poco más y ver los resultados de los estudios que se solicitan. Otra de las cuestiones pendientes es ver qué ocurre con la plantilla, compuesta por seis trabajadores. Aunque tampoco se tomó ninguna medida, la oposición teme que haya despidos.
El consejo de administración tomó conocimiento del informe de la comisión técnica creada por el Ayuntamiento para evaluar el plan de viabilidad de Procórdoba, que tumba casi por completo pero sin aconsejar medidas concretas.
