El jurado conformado en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba emitió ayer su veredicto del juicio seguido a S.C.R. por la muerte de una mujer de 33 años en la zona del Cerro. El tribunal popular considera que el procesado es culpable de asesinato después de que asestara 91 golpes y pinchazos a la víctima en diversas partes del cuerpo y echara la llave a la casa donde se produjeron los hechos. Será el magistrado que preside esta sala quien imponga la condena dentro de unos días.
El jurado concluye que el procesado conoció a la víctima, adicta a las drogas, en la calle Rey Don Pelayo y comenzaron una relación "no exenta de cierta afectividad". El conseguía servicios sexuales a cambio de dinero y ella pernoctaba algunos días en su casa. La relación era tormentosa y entre el día 6 y 8 de abril del 2010 se produjo una fuerte discusión en la que ella le insultó. C.S.R., de 70 años, agarró un cuchillo de la cocina y un hocino y comenzó a propinarle golpes y pinchazos, hasta 91, en cara, abdomen, cuello y extremidades, que le produjeron una fuerte hemorragia y después, la muerte.
Los miembros del jurado acordaron por unanimidad que el acusado "se valió" de la superioridad física que le otorgaba el cuchillo y el hocino, a la vez que estiman que el encausado sufría un cuadro depresivo y de abuso del alcohol que le provocaba un trastorno cognitivo leve, pero no le impedía "conocer plenamente el alcance y sentido de sus actos". Así mismo, creen que por su aislamiento y marginalidad social "sufre desde la infancia cierto trastorno "que no altera la conciencia".
También recoge el objeto del veredicto que padece un trastorno "intelectivo leve" y que en momento de los hechos no estaba bajo los efectos del alcohol.
LA DETENCION El acusado, tras volver a los pocos días al escenario de los hechos y después de recoger tabaco, comida y una cartilla del banco, fue detenido en la plaza de Santa Teresa. A los policías relató "los hechos una vez que se cercioró de que lo buscaban precisamente por los mismos".
Tras oír el veredicto, la fiscalía solicitó la imposición de 18 años de cárcel e indemnizaciones por valor de 318.000 euros, a lo que su sumó la Junta de Andalucía, mientras que la acusación particular elevó la condena a 20 años de prisión y la indemnización a 500.000 euros. La defensa anunció su intención de recurrir.
La víctima tenía cinco hijos menores que se hallan en situación de acogimiento por la familia, bajo la tutela de la Junta de Andalucía.
