La actividad política está tan en entredicho, y el tema de la fusión Cajasur-Unicaja es tan endiabladamente complejo, que las formaciones políticas cordobesas y andaluzas van a tenerlo muy difícil para estar a la altura ante la opinión pública. Pase lo que pase la semana próxima, la ciudad y la provincia pasarán factura, y puede que hasta se pidan más responsabilidades en los despachos político-institucionales que en la propia sede de una caja que está sufriendo sus propios errores de gestión, acentuados por un entorno de crisis económica y financiera que no le ha permitido corregirlos a tiempo. Quedan ya dos días para despejar una ecuación que, en todo caso, tendrá un resultado amargo para Córdoba, pues, aunque se salven algunos muebles en el caso de fusión o se quede al albur del supervisor financiero en caso de intervención, Córdoba habrá visto diluirse más de siglo y medio de historia con una vinculación que en las últimas dos décadas ha sido casi universal. Cajasur lo ha abarcado todo: las grandes inversiones, la mayor cuota de ahorro, las alianzas con las grandes empresas, la subvención a organizaciones empresariales, el patrocinio de proyectos culturales, la implicación en clubes deportivos, obras sociales, ayuda humanitaria, hospital Reina Sofía, Universidad... No vamos a ocupar esta página relatando las implicaciones de la caja cordobesa, que, como contrapartida, han permitido a sus directivos voz y casi voto en todo lo que se cocía, de forma menos invasiva en los últimos tiempos, pero siempre presente.
Eso, sin contar la nóminas de esos 3.000 empleados de los que más de 600 se distribuyen en los servicios centrales de Ronda de los Tejares y Gran Capitán. Y, como añadido, una caja gobernada por patronos designados por el Cabildo Catedral, referente y golosina para la Iglesia, que tenía en Córdoba una fuente financiera y una sede episcopal en la que el obispo que llegara sabía que no iba a tener problemas económicos en la diócesis.
Otros problemas sí los ha habido, y, si no, que se lo digan a los tres últimos obispos. José Antonio Infantes Florido, ya fallecido, vivió la bronca que siguió a la absorción de la Caja Provincial en diciembre de 1994, aquella ´fusión de voluntades´ en la que tanto perdió el estilo profesional de la pequeña y saneada caja de la Diputación, pero que salió bien desde el punto de vista del ajuste laboral. Pero eran otros tiempos y el obispo dejó el conflicto en manos del entonces presidente de la caja, Miguel Castillejo, que alcanzó unas cotas de poder hasta entonces impensables. Que se lo digan al hoy arzobispo de Granada, Javier Martínez, que vivió la guerra entre el Cabildo y la Junta de Andalucía, batalla en la que jugó baza el Gobierno de José María Aznar, lo que mantuvo el estatus quo a gusto de los patronos durante unos cuantos años más, dijera lo que dijera el prelado. Y que se lo digan al actual arzobispo de Sevilla y administrador apostólico de Córdoba, Juan José Asenjo, que ha reconocido el intenso dolor de cabeza que le ha provocado este asunto desde que llegó, y que pactó con el hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán, un armisticio legal que se ha venido abajo, en parte, cuando el 20 de octubre el Gobierno andaluz reformó la Ley de Cajas y puso límites temporales al mandato de los patronos del Cabildo.
La situación
Todos esos episodios y otros muchos han estado acompañados de un atronador alboroto político, de largos culebrones, de debates y conferencias de prensa, y todos ellos acompañados de llamadas a la responsabilidad, a la prudencia, al respeto a las decisiones de los órganos de gobierno de las cajas. También de acusaciones de injerencia, de politización de las cajas y de llamadas al fortalecimiento del músculo financiero, un órgano que no está en los libros de Medicina, pero que actualmente está bastante dolorido. ¿En qué quedamos, dejamos las cajas a su aire a pesar de que los partidos políticos sientan a sus militantes en los consejos? ¿Se desentienden las autoridades económicas de lo que pueda suceder? La estimación de despidos que han previsto los técnicos para la fusión ha resultado tan escandalosa --por racional que a lo mejor sea-- que la salida a la palestra del alcalde, Andrés Ocaña, de José Antonio Nieto y Juan Pablo Durán resulta casi obligada. Todos, con posiciones distintas, piden que se lleve a cabo la fusión, dado que la alternativa es peor, pero a todos les preocupa su impacto económico para Córdoba y el coste electoral a año y medio de las municipales. El mismo debate se traslada al Parlamento, y a cada rincón de una ciudad en la que muchos trabajadores y sus familias están preocupados. Pero ya no queda apenas tiempo.
