La Fiscalía de Córdoba ha pedido al juzgado de primera instancia que condenó a Gas Natural Andalucía a devolver el dinero cobrado a los usuarios por algunas "cláusulas abusivas" a que "anule" las nuevas cláusulas que la empresa está imponiendo y que "incumplen las sentencia condenatoria".
En su escrito, remitido al Jugado de Primera Instancia y facilitado a Efe, el fiscal solicita que se abra una pieza separada en el procedimiento respecto a la sentencia de julio de 2003 que declaraba nulas las cláusulas por los conceptos de derechos de alta y de cuota de uso de instalación.
Asimismo, el fiscal ha pedido a la jueza que se requiera a la empresa a que cumpla "de inmediato" con dicha sentencia y que elimine de sus contratos y facturas la cláusula "antes denominada uso de instalación comunitaria y ahora canon de finca".
El fiscal ha solicitado también al juzgado que se imponga a Gas Natural Andalucía S.A. una multa de 25.000 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia que debe contar desde que se hizo firme el 25 de septiembre de 2007.
En su escrito el fiscal añade que el Ayuntamiento de Córdoba, a través de su Oficina de Información al Consumidor, ha detectado una serie de "incidencias" relativas a la ejecución de la sentencia por el cobro de cláusulas abusivas.
En ese sentido, el fiscal añade que la empresa ha modificado las facturas de sus clientes sustituyendo el concepto "cuota de uso de instalación comunitaria", declarado nulo, por otro denominado "canon de finca" que es idéntico en cuantía al anulado.
Por ello, el fiscal ha considerado que la empresa "no está cumpliendo la sentencia" y el cambio de denominación de la cláusula responde a una "maniobra, contraria a las más elementales exigencias de la buena fe, para seguir sin acatar la sentencia".
De esta manera, según el fiscal, se corrobora que Gas Natural Andalucía S.A., está desarrollando una práctica tendente a "hacer inútiles el mayor número posible de reclamaciones".
Por otro lado, el fiscal delegado de protección a los consumidores, Fernando Santos, ha explicado en conferencia de prensa que para evitar este tipo de actuaciones empresariales sería necesario una "reforma legislativa" para potenciar la intervención del Ministerio Fiscal en este ámbito.
Además, ha considerado necesario habilitar un órgano judicial con competencia nacional en esta materia, así como contar con una legislación procesal que defina "con claridad" las fases de declaración, preparación de la ejecución y ejecución efectiva.
Finalmente, Santos ha subrayado la necesidad de establecer, en beneficio de los consumidores, disposiciones procesales de discriminación positiva en torno a la aportación y la carga probatoria ante la "clara situación de vulnerabilidad frente las grandes empresas".
