La Junta tiene todo casi listo para iniciar las negociaciones con los vecinos de las urbanizaciones ilegales del entorno protegido de Medina Azahara. El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, anunció ayer que pronto abrirá en El Higuerón la oficina técnica que se encargará de analizar la situación de cada propietario y buscar una solución para el futuro de los terrenos que rodean al yacimiento. El consejero avanzó que la Junta ya tiene un local, que tendrá que acondicionar, y en el que empezará "el diálogo con los vecinos" para ver la documentación que poseen y para que acrediten las condiciones en las que se encuentran. Insistió en que el objetivo es "analizar caso por caso".

En esa oficina se celebrará la primera comisión de seguimiento del acuerdo que implicará a las consejerías de Vivienda y Cultura y al Ayuntamiento de Córdoba. En este sentido, Espadas señaló que la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, recibió ayer el borrador del convenio que ambas administraciones firmarán en las próximas semanas para buscar una solución consensuada a este conflicto que afecta a Las Pitas, Córdoba la Vieja y La Gorgoja II por estar en un espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Espadas recordó que entre los cometidos de esa oficina técnica estará "llegar a acuerdos de compra o fijar el justiprecio en el trámite de expropiación" en el caso de las 29 parcelas libres que la Junta declaró de interés social el pasado año. Otro objetivo será diseñar "la ordenación de los usos" de esa zona, con el fin de determinar de qué manera "mejorará ese entorno y cualificarlo desde el punto de vista de su uso público". Con el trabajo de los técnicos de esta oficina se podrán identificar las actuaciones e inversiones a desarrollar.

Hay que recordar que la adquisición o expropiación de las fincas sin edificar es la primera medida contundente que toma la Junta para blindar el entorno protegido del yacimiento. Después, cuando la oficina técnica inicie su andadura y tenga una radiografía de las propiedades y de la situación particular de sus dueños, propondrá otras alternativas, entre ellas la compra--venta de las casas, siempre con la idea de recuperar lo máximo.

Por su parte, Rosa Aguilar animó a los vecinos a que describan "objetivamente su realidad y objetivos de vida para hallar las respuestas que precisan".

El consejero y la alcaldesa hicieron estas declaraciones durante la firma del convenio que permitirá iniciar en Córdoba un estudio sobre la demanda real de vivienda de protección oficial. El acuerdo se firmó también con el director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), Manuel Pérez Yruela, organismo que se encargará de realizar 5.000 encuestas. Según Pérez Yruela, aunque el plazo es de un año, el estudio podría estar "en seis o nueve meses". A las 5.000 encuestas, se sumarán mil más a los que declaren necesitar un piso. La Junta subvenciona este estudio con 111.066 euros y sus conclusiones servirán para elaborar el plan municipal de vivienda. El consejero firmó además tres convenios más con los alcaldes de Fuente Obejuna, Luque y Baena para la rehabilitación de edificios y la recuperación de espacios públicos --más información en la página 25--.