Da la impresión de que algunos políticos de nuestro país están más preocupados por la definición de la situación que atraviesan varios sectores de la economía española que por aportar propuestas y soluciones para resolver estos problemas, los cuales además están perfectamente identificados.

A mí, como a muchos ciudadanos, me da igual que lo llamen desaceleración, que lo definan crisis. Lo que ya no me da lo mismo es que suba tanto el petróleo y lo que ello conlleva, que suba la cesta de la compra, que suba el euribor. Porque todas estas circunstancias, las llamen como las llamen, sí afectan bastante a las economías familiares.

Pero, siendo justo, supongo que tampoco está en manos de cualquier gobierno dar soluciones a problemas que tienen un ámbito internacional, aunque sí que pueden acometer medidas para amortiguar, dentro de lo posible, el impacto en las economías nacionales de los problemas económicos "globalizados". Esa sí es la responsabilidad del gobierno de cada país. No obstante, creo que la auto-alarma es un error, porque nosotros mismos podemos generar psicosis y ralentizar aún más la resolución final del problema. Ni tampoco creo que sea bueno para la economía del país que colectivos concretos se aprovechen de la mala coyuntura económica para reclamar o retomar sus reivindicaciones históricas con el Gobierno. Porque, al final, las medidas que adopta el Ejecutivo las pagamos todos los españoles. Y qué queréis que os diga, mi nómina no está para muchos "pellizcos".

El Gobierno puede poner en marcha medidas de contención, pero no de solución: la burbuja inmobiliaria es consecuencia de los excesos de los beneficios desmesurados del sector; las hipotecas tienen, por sí solas, el riesgo del interés variable y de la crisis financiera de EEUU; el que necesita de los carburantes para su negocio corre el riesgo de la subida del petróleo. Y así, sucesivamente, hasta llegar a mí. Y yo, que dependo de una nómina, asumo el riesgo de que suba todo lo comentado anteriormente y ¡a ver a quién le pido ayuda! Entramos en una espiral donde la cabeza se come la cola, el eslabón más débil; en definitiva, los consumidores, que en su inmensa mayoría dependen de salarios, pensiones y prestaciones por desempleo, las cuales, en muchos casos, no podrán subir como sube el petróleo, el euribor o el IPC.

Por tanto, las reivindicaciones de los colectivos y de los sectores han de ser justas y como consecuencia de los problemas derivados de la actual situación económica del país, y no por otro tipo circunstancias propias del ejercicio de sus respectivas actividades económicas. Y las medidas adoptadas por el Gobierno también han de ser proporcionadas y equilibradas (no beneficiar a unos en perjuicio de otros), adaptadas al problema económico coyuntural. Porque, de lo contrario, las soluciones, la justicia y la solidaridad que algunos piden, al final, pueden convertirse en injusticia e insolidaridad para el resto de ciudadanos.

Lo que se dice siempre, en el término medio está la virtud. Todo no se puede conseguir de una vez.