El portavoz municipal del PSOE, Antonio Hurtado, apremió ayer al equipo de gobierno de IU a firmar cuanto antes el convenio con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que permita la demolición, previa descontaminación, de la antigua residencia sanitaria Teniente Coronel Noreña. Hurtado comentó ayer en conferencia de prensa que ya no existen "componentes electorales" que impidan la firma de ese convenio que en su día remitió la Consejería de Salud al Ayuntamiento, en el cual se comprometía a construir un centro de salud en la zona una vez derribado el edificio obsoleto y ocioso que la Junta de Andalucía tiene cedido para uso sanitario por parte de la Administración central.

Y como para iniciar el derribo es necesario primero descontaminar de amianto (material nocivo) el edificio, Hurtado explicó que el Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo o la empresa municipal Procórdoba deben firmar un convenio con la empresa Egmasa para que inicie las labores de descontaminación. Para el portavoz socialista, los más rápido sería que el gasto que supondría retirar este material nocivo debería correr a cuenta de las arcas municipales, pero si el informe jurídico encargado para esclarecer quién debe financiar estas labores señalara a la Administración andaluza, Hurtado planteó que el Ayuntamiento podría pedir al Gobierno regional como compensación de este gasto suelo en las inmediaciones del centro de salud que pretende construir la consejería para levantar otro tipo de equipamientos (centro cívico o de uso social o cultural). El gasto por la descontaminación asciende, aproximadamente, a 400.000 euros, a los que hay que añadir otros 600.000 euros que costarían la labores de derribo.

Sobre la controvertida cuestión de si la Junta de Andalucía debe pedir autorización o no a la Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria del inmueble, para el derribo de la antigua residencia sanitaria, Hurtado señaló que, según el convenio firmado en su día entre las administraciones central y regional para la cesión del edifico, la Junta "no necesita autorización" para la demolición, ya que, según explicó, tiene el derecho de uso sobre el edificio y va a mantener el fin sanitario del mismo, "con lo que puede encargar la demolición de Noreña al Ayuntamiento previo convenio con la Junta".