El incipiente mercado de los vehículos eléctricos ya no está acaparando solo el interés de los ciudadanos para su uso particular y de las empresas, sino que también las administraciones públicas están comenzando a apostar por una movilidad más verde. En el caso de las administraciones locales, esta movilidad va más allá de contar con autobuses urbanos eléctricos o propulsados por gas natural, sino que se puede extender a todo tipo de cuestiones como el pequeño transporte o la limpieza, a través de carretillas o barredoras eléctricas, por ejemplo.
Así se ha puesto de manifiesto en la 1ª Jornada Provincial de Fomento de la Movilidad Eléctrica y Eco que desde el pasado viernes y hasta hoy se celebra en la sede de la Diputación Provincial, organizada por esta institución, a través de la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, y por la Asociación Provincial de Talleres y Automoción de Córdoba (Atradeco).
Una Jornada cuyo objetivo principal ha sido, precisamente, el fomento de la movilidad eléctrica entre las administraciones públicas, y más concretamente a nivel local, como se afirma desde la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba. No en vano, cada vez se están desarrollando más soluciones y alternativas eléctricas para los distintos servicios públicos municipales, si bien es verdad que aún queda mucho camino por recorrer tanto a nivel de oferta como de demanda.
La implantación de la movilidad eléctrica entre los ayuntamientos es aún «muy incipiente»
En este sentido, desde la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba explican que, por ejemplo, para el transporte de mercancías de más de 3.000 kilos «las opciones disponibles aún tienen poco desarrollo en cuestiones como distancia posible de recorrido sin tener que recargar»; y si del caso de la mayoría de los ayuntamientos de la provincia cordobesa hablamos, si hubiera que calificar de cero a diez la implantación real de la movilidad eléctrica, está sería aún «muy incipiente», según esta agencia. Es decir, poco más que cero.
No obstante, el interés existe, como lo demuestra el hecho de que esta Agencia de la Diputación ha subvencionado, a demanda de los propios municipios, la primera red pública de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.
En este sentido, y desde que comenzaran a instalarse estos puntos de recarga el pasado año, ya son 72 de los 77 municipios de la provincia los que cuentan con estos puntos, lo que hace que Córdoba, según la Diputación Provincial, «no se pueda comparar a otro territorio» y que «cualquiera que vaya a recorrer las carreteras de la provincia no se va a quedar sin recargar el coche». Puntos para recargar que de momento son gratuitos, a la espera de la aprobación de las ordenanzas municipales respectivas que regulen su precio.
Además, esta agencia provincial también está ayudando a los ayuntamientos en cuestiones técnicas, de formación, de planteamiento de uso de soluciones eléctricas, etc. Y no solo a los municipios más grandes, sino también a los pequeños, que ya han comenzado a dar sus primeros pasos en este ámbito con la instalación de sus citados primeros puntos de recarga.
Y todo ello a pesar de que, como por ejemplo afirmaba este viernes el alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez, en la citada Jornada Provincial de la Movilidad Eléctrica que concluye hoy, en su municipio -como en otros tantos de la provincia- aún no hay censado ningún vehículo eléctrico, pero no quieren quedarse aislados en este asunto y que «los turistas y visitantes de la Subbética dejen de ir a Carcabuey porque no pueden recargar sus coches». Además, la propia existencia de un punto de recarga en el municipio puede incentivar la compra de este tipo de vehículos entre los ciudadanos, a la par que se conciencia sobre la apuesta que hace el sector público.
72 de los 77 ayuntamientos de la provincia cuentan ya con puntos de recarga
Con todo, ¿cuáles son los principales obstáculos para que los ayuntamientos, y las administraciones y entidades públicas en general, no apuesten más por la movilidad eléctrica?
Desde la Agencia Provincial de la Energía se explica que «no solo el coste es una barrera en muchos sentidos, sino que también entran en juego otras cuestiones como la propia garantía de que se pueden cubrir determinados trayectos o servicios sin tener que volver a recargar las baterías de los vehículos, o el propio plazo de uso y amortización de las flotas municipales existentes». Aunque como se recuerda desde esta agencia, los ayuntamientos disponen ahora de muchas líneas de ayudas para pasarse al verde. Los primeros pasos ya están dados.