El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó este martes el proyecto de ley de creación de los cuerpos superior y técnico de interventores y auditores de la Administración para reforzar el control y la transparencia de los fondos públicos. Este proyecto de ley fue aprobado en marzo pasado pero decayó en su trámite parlamentario por la convocatoria electoral y el nuevo gobierno lo ha vuelto a aprobar en el tercer Consejo de Gobierno celebrado en esta legislatura para continuar con la apuesta de que «el rigor en la gestión sea el sello que sigan distinguiendo su labor».
En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, afirmó que este texto es la demostración de la «apuesta por mejorar los controles y que las malas prácticas queden en el pasado» y apostilló que «mientras el PSOE apartaba la intervención este gobierno refuerza el papel de este órgano de control y fiscalización de los fondos públicos».
«Si el PSOE en su momento no hubiera apartado a la Intervención, máximo órgano de control interno de la administración, seguro que el caso de los ERE no se hubiera producido. Por suerte ya es un mal recuerdo y superado desde el punto de vista político pero no en los tribunales», aseguró.
La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, señaló que «hay que invertir cada euro que haya disponible y además hacerlo bien y que los ciudadanos sepan en qué se emplea su dinero». Explicó que el proyecto de Ley de Creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta persigue dotar a la administración autonómica de un grupo de funcionarios de la máxima cualificación y especialización en el ejercicio del control interno y la contabilidad pública.
La Intervención General de la Junta de Andalucía tiene atribuida la actividad de control interno -a través del control previo, financiero y contable-, aunque la proliferación de nuevas formas jurídicas y operacionales, así como la producción normativa de las administraciones a nivel autonómico, nacional y europeo requieren de una actividad de control interno específicamente cualificada.
Asume numerosas obligaciones de rendición de cuentas y transparencia que derivan de las normas comunitarias y estatales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (control del déficit, regla de gasto y deuda pública), lo que ha supuesto un cambio de paradigma en el desempeño de sus funciones que exige cada vez un mayor grado de especialización en materia de auditoría, contabilidad financiera y analítica o consolidación de estados financieros.
A ello hay que sumarle los nuevos cometidos que se le han ido encomendando a la Intervención General y la atribución de nuevas competencias como la supervisión continua de las entidades y organismos dependientes de la Junta, cuyos resultados deben servir a la evaluación de la eficacia del sector público.
De esta manera, las funciones del Cuerpo Superior de interventores y auditores se centrará en tareas de decisión, planificación, organización, supervisión y dirección de las áreas competenciales de control, así como en la emisión de informes, dictado de actos de control o asesoramiento superior.
Por su parte, las funciones del Cuerpo Técnico residirán en el apoyo a las funciones de auditoría y, en concreto, a las nuevas funciones de supervisión continua que se encuentran en las fases iniciales de implementación y a las auditorías operativas que ofrecen la información de base para aquéllas.
