El exconsejero de Innovación Martín Soler declaró ayer que en la agencia pública IDEA, que pagaba las ayudas que concedía la Consejería de Empleo investigadas en el caso ERE, «nunca» se recibió «ninguna advertencia» de ilegalidad sobre éstas ya que «la apariencia de legalidad era total». Soler ha declarado como testigo en el juicio de la pieza política de los ERE en la que estuvo investigado aunque finalmente el instructor archivó la causa contra él. Según la Fiscalía y las acusaciones, las ayudas se daban de forma arbitraria y eludiendo los controles al pagarlas a través de la agencia pública IDEA con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación para eludir la fiscalización previa. Soler fue consejero de Innovación entre abril de 2009 y febrero de 2010 y ha reconocido que cuando llegó al cargo en la agencia pública existía un «ambiente quejoso» por el hecho de que la entidad siguiera abonando unas ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo, ya que desde 2004 IDEA ya no estaba adscrita a la Consejería de Empleo sino a la de Innovación. No obstante dijo que ese era el motivo de queja pero no había dudas sobre la legalidad de la tarea «encomendada» a IDEA de pagar ayudas que daba Empleo con fondos que enviaba esta consejería. «Yo nunca recibí que este programa pudiera preocupar más allá de ‘por qué no lo lleva Empleo’», recalcó, tras subrayar que «la apariencia de legalidad era tan evidente que es imposible que alguien pudiera pensar que había alguna ilegalidad» tras estas ayudas respecto a las que el único papel de IDEA era pagar.
