El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, valoró ayer la "necesidad de superar" en el marco de la ley una situación que viven miles de familias andaluzas por no tener regularizadas sus viviendas. De esta forma se pronunció sobre el anuncio del Gobierno andaluz de modificar la Ley de Ordenación Urbanística para regularizar viviendas construidas en suelo no urbanizable, que no ha contado con el respaldo de IU en el Parlamento. Valderas avanzó que las consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en mano del PSOE, y la de Fomento, a cuyo frente está IU, han puesto en marcha una comisión de trabajo para elaborar una propuesta que "solvente" la situación de esas familias. Una vez que dicha comisión elabore sus conclusiones, el Gobierno andaluz dispondrá de una propuesta que "permita en el marco de la ley que se puedan solventar las reivindicaciones de muchas familias". Por su parte, el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha pedido a la presidenta Susana Díaz que aclare "qué afectación" tendría la modificación de la LOU para dar una solución a las casi 25.000 viviendas alegales que hay en la comunidad. Después de negar que se trate de una "amnistía" para este tipo de viviendas, Maíllo justificó el rechazo de su grupo parlamentario a la medida en que "no disponía de información suficiente" sobre el tema.
En una entrevista en Canal Sur Radio, la presidenta andaluza, Susana Díaz, admitió ayer su sorpresa por el rechazo de IU a la regularización de miles de viviendas ilegales, pero defendió la medida con el argumento de que se trata de una "cuestión de justicia social".
"Dentro del marco de la ley hay entre 20.000 a 25.000 casas a las que tenemos que dar respuesta. Es una demanda de los alcaldes de todos los colores políticos, de todos los partidos y ciudadanos que tienen la inseguridad de qué va a pasar con su viviendas", explicó. Díaz quiso aclarar que se trata de "regularizar no de legalizar" esas viviendas, lo que permitirá a miles de familias acceder al agua o la luz, y recordó que "no se trata de dar café para todos".
"Lo que no se puede dar es carta de naturaleza a gente que ha hecho las cosas mal, a gente que ha especulado y que ha construido donde no debía a sabiendas de que no debía", apostilló.
Por su parte, el secretario de organización del PSOE-A, Juan Cornejo, censuró ayer la preocupación de algunos partidos por la "patada en la puerta", es decir, por la ocupación de viviendas, y no por el "derecho de muchas familias a que se les soluciones el limbo jurídico en el que están sus viviendas". Cornejo precisó que las viviendas que puedan acogerse a la regularización tendrán que cumplir unas condiciones como no estar en un asentamiento estable, no estar en zona protegida y no tener expedientes abiertos de ningún tipo.
