El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado operaciones de endeudamiento adicional por importe de 2.699,7 millones de euros necesario para acometer y desarrollar el plan de pago a proveedores, toda vez que el Gobierno central ha aprobado y ha dado el visto bueno al plan de ajuste para el pago a proveedores presentado por el Gobierno andaluz.
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha indicado que esa operación de endeudamiento aprobada es consecuencia del hecho de que Andalucía "haya acudido al sistema y mecanismo extraordinario de financiación planteado por el Gobierno central para acomodarse al plan de pago a proveedores". Este mecanismo extraordinario fue acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF) de las comunidades autónomas el pasado 6 de marzo.
Martínez Aguayo ha indicado que este sistema aprobada para el pago a proveedores "generaba la necesidad de autorizar un endeudamiento adicional al que se había autorizado inicialmente en relación con el déficit", un endeudamiento adicional "a efectos de ajuste contables con las cantidades, tal y como propugna el mecanismo establecido por el Gobierno central".
La consejera ha resaltado que el Gobierno central el pasado lunes le ha remitido un oficio donde considera "idóneo" y da el "visto bueno" al plan de ajuste andaluz que era necesario presentar, además del plan de reequilibrio económico-financiero, para que pueda ser aprobado el pago de las cantidades a los proveedores de la Junta.
De esta forma, además de notificarle el Gobierno la conformidad con el plan de pago de proveedores presentado por la Junta, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) deberá notificar al Gobierno andaluz "de manera inmediata" las entidades con las que la Junta deberá firmar contratos para que "a partir del 30 de junio se empiece a hacer efectivo a los distintos proveedores el abono de esta importante cantidad".
Las operaciones aprobadas son préstamos bancarios con el ICO con un tipo de interés variable, y un plazo hasta un máximo de diez años con dos de carencia.
