La Audiencia Nacional condenó ayer a Juan Antonio Roca, ex asesor del Ayuntamiento de Marbella, al abogado José Luis Sierra y al contable Manuel Castel a penas que oscilan entre los nueve y los seis años y 10 meses de prisión por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, al haber diseñado un plan para vaciar las arcas del consistorio entre 1991 y 1995, bautizado como caso Saqueo .
Los jueces sitúan el inicio de este caso de corrupción con la llegada del fallecido Jesús Gil al Ayuntamiento marbellí en junio de 1991. Entonces, su asesor jurídico José Luis Sierra ideó la creación de "varias empresas sujetas a la legislación mercantil" con la excusa de que la gestión de "los servicios municipales sería más ágil y eficaz".
LA OPERATIVA Sin embargo, el tribunal sostiene que estas sociedades, 31 en total, se emplearon para sacar del consistorio "la mayor parte de la actividad municipal", lo que provocó "una situación de opacidad y falta de transparencia". Además, las nuevas empresas recibían subvenciones y transferencias de dinero público que se concedía al Ayuntamiento. El destino de este dinero, afirma la resolución, es desconocido en algunas partidas y en otras se emplea "en abonos muy distantes de los fines públicos y de interés social a que deberían dedicarse".
En esta trama participaron, además de Roca, Sierra y Castel. Los tres, "concertados con otros funcionarios y autoridades no enjuiciados", saquearon el Ayuntamiento gracias a "los conocimientos jurídicos" de Sierra, a "los conocimientos contables" de Castel y a "la actividad empresarial" de Roca.
La Audiencia afirma que el papel de Sierra en este entramado fue el más significativo, ya que se encargó junto a Castel de lograr que el dinero desviado pasara desapercibido al evitar los controles administrativos. Por ello, elaboró una "sistema de administración anodino" en el que ejercía un rígido control "de los avatares societarios".
LAS ACTUACIONES Castel confeccionó la contabilidad de las empresas fraudulentas y Roca cedió "su capacidad empresarial". La Audiencia le acusa de haber puesto a disposición del entramado cuatro sociedades anónimas que había comprado en 1993, ya que la trama necesitaba la existencia de "empresas factureras que dieran cobertura contable" al saqueo municipal.
Los jueces imponen una pena de nueve años de prisión para Sierra; seis años y 10 meses para Roca, y ocho años para Castel. Además les obligan a devolver al Ayuntamiento marbellí casi 23 millones de euros. Por contra, absuelven a los empleados de las sociedades municipales Eduardo Gonzálvez y Francisco Javier Herrera, así como a Purificación Notario, viuda de quien fuera gerente de una de ellas, porque la acusación retiró sus cargos contra ellos. Los jueces tampoco condenan a los herederos de Jesús Gil a devolver seis talones que cobraron por un importe de 510.000 euros en 1992.
