Hace un año, más o menos, antes de que se decretara el estado de alarma por la pandemia del covid, el campo cordobés y el andaluz se echaban a la calle para reivindicar solución a algunos problemas que acuciaban al sector. Entre ellos destacaban los aranceles impuestos por Estados Unidos al aceite y otros productos andaluces, se reclamaba también una Ley de la Cadena Alimentaria para lograr unos precios razonables para la producción agroganadera y se reclamaba una nueva PAC que garantizara unos niveles de renta dignos para el colectivo.

A la vuelta de un año, aunque algunas de esas nubes parecen haberse diluido, como es la de los aranceles que han sido eliminados con la llegada al poder de Joe Biden, el resto de la tormenta sigue nublando el horizonte para el sector primario cordobés.

En estos días, el principal problema con el que se está enfrentando el agro de la provincia es el del decreto dictado por el Ministerio de Agricultura por el que se impone un periodo de transición a la nueva PAC de dos años, cuando la propia UE fija siete para dicha adaptación, una PAC que amenaza con dejar a Córdoba con la mitad de la cuantía que recibían los 40.000 perceptores de las ayudas, que ascendía a unos 300 millones de euros. Se quejan todas las organizaciones agrarias de que ahora se pretenden reducir las zonas agrarias al mínimo y que empezarán a abonarse ayudas por superficie y no por producción y generación de riqueza, como hasta ahora. Esa propuesta hará que fondos que ahora llegaban a Córdoba sean trasvasados a otras zonas donde la productividad del terreno es mucho menor. Asaja, COAGA, UPA y las Cooperativas Agroalimentarias se quejan de que con esta medida se está castigando a las pequeñas explotaciones agroganaderas que han invertido en actualizar y mejorar sus instalaciones para ser competitivas y generar riqueza y empleo, y ahora no se verán compensados.

Otro de los grandes problemas que sigue teniendo el sector es el de los precios y la falta de rentabilidad de las producciones. El año pasado se reclamaba la publicación de la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar la venta a pérdidas porque se obligaría a establecer los precios por encima de los costes de producción. Sin embargo, la realidad sigue siendo otra y los grandes distribuidores, según explican los representantes de los productores, siguen imponiendo su fuerza para imponer los precios en origen, al margen de los costes de producción. El aceite y el cereal son los que más sufren esas consecuencias. En el caso del cereal se siguen abonando precios de hace 40 años, señalan.

El caso del aceite ha cambiado algo, pues de un año para acá ha subido de los poco más de 2 euros a los casi 3 a los que se cotiza el virgen extra (el ecológico está más alto), pero, según explican, es una valoración que depende mucho de la cosecha tanto en España como en los países competidores. En este sentido, es la ganadería, sobre todo de carne, la que peor lo está pasando, puesto que los cierres de negocios de hostelería por la pandemia han hecho que el mercado de carne se haya visto muy mermado en el último año.

Otro de los asuntos que también ha hecho mella en la moral de los agroganaderos cordobeses es el semáforo Nutri Score, en el que no sale bien parado ni el aceite de oliva ni el jamón, por no considerarlos entre los alimentos más saludables. No se entiende desde el colectivo agroganadero que se intente comparar estos alimentos solo por tener grasas y calorías con otros mucho menos sanos, como los refrescos de cola. Defienden que las grasas de los ibéricos o del aceite de oliva virgen extra está más que demostrado que tienen efectos benéficos para la salud. Por otro lado, apuntan también las organizaciones agrarias la excesiva presión que reciben en materia medioambiental.

A todo se une que climatológicamente tampoco atravesamos un buen momento, ya que el déficit hídrico está perjudicando a numerosos cultivos que requieren de riego abundante, cuando ya se ha anunciado por parte de la Comisión de Desembalses de la Cofederación Hidrográfica del Guadalquivir una reducción de la asignación de agua para este año. Siguen los agricultores cordobeses sin entender cómo siendo Córdoba la provincia que más agua acumula en embalses, es la que menos superficie de riego tiene. La demanda de más dotación de recursos hídricos sigue sin resolverse.