Tarde pero puede que a tiempo. El accidente de Santiago de Compostela, en el que murieron 79 personas, "no puede volver a repetirse". Al menos por las causas más que probables que intervinieron en la tragedia de Angrois. La ministra de Fomento, Ana Pastor, quiso dejar ayer claro en el Congreso de los Diputados que tras este siniestro todo se pone en tela de juicio y debe ser revisado con hasta 20 medidas.

Los límites de velocidad, los protocolos y sistemas, incluida la reforma del reglamento de circulación, en el que el jueves se basaron los presidentes de Adif y Renfe, Gonzalo Ferre y Julio Gómez-Pomar, para justificar que antes de la tragedia no había necesidad de plantear modificaciones.

"Se está analizando toda la red y se irán tomando las medidas oportunas para mejorar la seguridad", insistió una decidida Pastor, que reveló haber contratado ya a auditores para revisar la velocidad máxima en cada tramo de la red ferroviaria y cambiarla si los técnicos lo estiman necesario. La medida más relevante (y ya instalada como solución provisional en el tramo del accidente) es instalar balizas del sistema de seguridad ASFA digital, que frena el tren si el maquinista no reduce a tiempo la velocidad para cumplir los límites. Fomento prevé ir instalándolas progresivamente en otras zonas de reducción drástica de la velocidad.

MANOS LIBRES De forma paralela, el ministerio estudia la posibilidad de introducir sistemas de seguimiento y control por satélite, empezando por las zonas de transición del sistema de seguridad Ertms (el más avanzado) al ASFA, como la del siniestro. También habrá cambios en los requisitos de acceso a la profesión, formación y reconocimientos médicos de los maquinistas y se revisarán los sistemas de comunicación móvil en el tren, con la implantación de un sistema de manos libres.

El objetivo de esta medida es evitar despistes como el que pudo causar el accidente. La caja negra ha revelado que el maquinista mantuvo una conversación con su móvil corporativo con el interventor hasta 11 segundos antes del siniestro.

Las propuestas llegan incluso a los pasajeros. Se plantea promover los sistemas que permitan la identificación de todos los que porten un título de viaje e incluso asignar un billete individual, y gratuito como ahora, a los menores de cuatro años. También se propone extender la informatización de los controles de acceso a los trenes en las estaciones y mejorar la ubicación de los equipajes en el interior de los vagones de viajeros.

Pastor, que estuvo arropada por los presidentes de Adif y Renfe, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el portavoz del grupo popular, Alfonso Alonso, insistió en que su compromiso es que se sepa la verdad. "Si he pedido que se revise metro a metro, palmo a palmo, toda la red no es porque no me fíe de su estado, es para poder garantizar a todos los españoles que está en buena situación". Incluso admitió la propuesta de los grupos de hacer una comisión de estudios del ferrocarril en sede parlamentaria "por la que pasen todos especialistas que sean necesarios".

La ministra eludió hablar del coste de las medidas, pero técnicos de su departamento lo consideraron "perfectamente asumible", sobre todo si se compara con los más de 45.000 millones de euros que España ha invertido en los últimos 20 años en la construcción de la segunda mayor red de alta velocidad del mundo, que se ha seguido aumentando a pesar del déficit público.