La presidenta de la Junta, Susana Díaz, presidió ayer la firma del documento por el que se constituye una alianza para la lucha contra la pobreza infantil en Andalucía, a la que se sumaron las corporaciones locales, los agentes sociales y económicos, organizaciones no gubernamentales, empresas y bancos.

Dicha alianza, orientada a satisfacer las necesidades básicas de los menores, tiene como líneas prioritarias la educación; la salud; la vivienda, y las "potencialidades" ciudadanas con nuevas formas de cooperación.

La presidenta Díaz detalló que la Junta destinará este año 165 millones de euros a las políticas de infancia, una cuantía en la que se incluyen los comedores escolares y el programa de los suministros vitales básicos en los hogares de las familias más vulnerables. "Hemos visto cifras preocupantes, como que un 15% de los menores viven en hogares donde hay dificultades energéticas y, ante eso, el esfuerzo, la colaboración y la ayuda de todos es fundamental", recalcó.

En su opinión, alianzas como la impulsada ayer tienen que dirigirse "directamente al problema", pues se trata de una "responsabilidad social e institucional" dada la situación "preocupante" de miles de menores tras siete años de "crisis durísima".

Díaz quiso recordar que Andalucía fue pionera en la puesta en marcha de medidas como la garantía alimentaria --con tres comidas diarias en los centros escolares--, una iniciativa que recibió "todo tipo de críticas".

También detalló que la Junta "ha invertido 700 millones de euros desde 2012 a 2015 a estas políticas" y aseguró que este año piensa invertir 165 millones.

Según la presidenta, durante el periodo lectivo más de 1.300 colegios andaluces atendieron a 25.000 menores en los comedores escolares, y durante el verano se atenderá a 4.500 niños a través de 60 escuelas de verano, con la colaboración de muchos ayuntamientos y de oenegés.

A través de la Alianza para la Lucha contra la Pobreza Infantil se pretende consolidar la cooperación de las instituciones públicas con la iniciativa social y privada en la atención a la infancia más vulnerable.

Otros objetivos son identificar las situaciones existentes de vulnerabilidad social que afectan a los menores en Andalucía, construir redes de apoyo superando "las parcelas competenciales" o impulsar la puesta en marcha del II Plan Integral de Atención a la Infancia, entre otros.