La Red Europea de Lucha contra la Pobreza ha llamado la atención sobre la situación de riesgo de pobreza en España, que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) afectaba al 22,1% de la población en el 2015, apenas una décima menos que un año antes. La Red alerta también sobre la evolución, pues estas bolsas de exclusión se estancan aunque haya recuperación económica, y, al ritmo actual, “conseguiremos erradicar la pobreza relativa en España en 221 años”. Un plazo demasiado largo e insostenible.

Para Andalucía los datos son sensiblemente peores. La Encuesta de Condiciones de Vida difundida por el INE nos atribuye la mayor tasa de riesgo de pobreza en España, un 35,7%, y además señala un incremento de dos puntos en solo un año. En España se considera en riesgo a las personas que viven con menos de 8.000 euros al año. No es un cálculo absoluto, sino que mide la desigualdad social. El Gobierno, en su análisis, señala tasas correctoras, por ejemplo, para los mayores de 65 años la tasa ronda el 12,3%, pero se reduce al 6,3% al computar a los mayores que tienen su vivienda pagada y en propiedad, pues sus necesidades económicas son inferiores. También, aunque eso no lo señale el Ministerio de Economía, hay una tasa correctora en la vida real, que es la de la economía sumergida, unos ingresos que permiten sobrevivir a muchas familias pero suponen una grave carga para el futuro, dado que no aportan al fisco ni a la Seguridad Social y, junto con la caída de cotizaciones que ha traído el empleo precario, detraen fondos para el pago de pensiones y mantenimiento del estado del bienestar. Ayer mismo la presidenta, Susana Díaz, achacó la situación de precariedad a la reforma laboral, y aseguró en la Cámara andaluza que su Gobierno actuará en lo posible para paliar sus efectos.

Y es que, mientras algunas autonomías han reducido esta lacra, en Andalucía la situación empeora. Por ejemplo, el 55% de los hogares vive al día y no podría afrontar un gasto imprevisto, o el 11,3% se retrasa al pagar los recibos. Y un detalle de suma importancia: las familias con escasa formación, en paro o con hijos menores son las que más sufren una pobreza, que --como alertaban Cáritas y Cruz Roja de Córdoba en sus respectivos informes anuales-- al final se hereda, restando igualdad de oportunidades de futuro a nuestros niños. En suma, una situación harto negativa en un entorno de crecimiento económico y de actividad que no repercute ni en la creación de empleo de calidad ni en la mejora de las condiciones de vida de la población. Ahora, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, los datos del INE son de nuevo motivo de reflexión para los partidos políticos y de alerta para la sociedad. Reducir las desigualdades debe ser el objetivo prioritario para cualquier gobierno que salga de las urnas, y también para la Junta de Andalucía en lo que atañe a nuestra comunidad. H