La Junta de Andalucía, el Gobierno central y los abogados cordobeses han constituido la Comisión Provincial de Seguimiento de Córdoba con la que se reanuda el apoyo económico al Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria. Dicho servicio, que se retomó el pasado mes de marzo en todas las cárceles andaluzas, no había dejado de prestarse en Alcolea, pese a no haber convenio, gracias al Colegio de Abogados de Córdoba.
La citada comisión se ha constituido en Córdoba con la asistencia de la directora general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta, Carmen Belinchón, y forman parte ella un miembro del Colegio de Abogados, otro del centro penitenciario de la capital y uno más de la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba. Esta comisión centraliza la coordinación del servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria y vela por el buen desarrollo y prestación del mismo en la prisión de Alcolea. La población reclusa puede solicitar este servicio gratuito de orientación jurídica penitenciaria, que financia la Consejería de Justicia e Interior, y que informa sobre cuestiones como las relacionadas con permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o asesoramiento sobre los requisitos de acceso a la justicia gratuita, entre otras.
Letrados especialistas en materia penitenciaria prestan la orientación jurídica en las mismas dependencias de las prisiones, en horas y días fijados por la dirección de cada centro, lo que, según la Junta, contribuye a mejorar también la convivencia en los centros penitenciarios andaluces. El nuevo convenio tiene una vigencia de tres años prorrogables y esta dotado inicialmente con 140.000 euros.
