La Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba y la Asociación de Niños Bilingües Sordos (Anbis) reclamaron ayer, durante la lectura de un manifiesto ante la sede de la Delegación del Gobierno, que la Junta de Andalucía desarrolle la Ley 11/2011 de la lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación oral, "en la que estaban depositadas muchas esperanzas con el objetivo de disponer de recursos que mejorasen el bienestar de la ciudadanía sorda". El vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS), Rubén Raso, exigió con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas, más recursos por parte de las administraciones "para que nuestro colectivo pueda demostrar sus capacidades". Raso criticó que la Junta adeuda a la FAAS 1,5 millones de euros en políticas activas de empleo y formación, lo que "ha provocado la pérdida de 100 empleos en la organización, que trabajadores lleven ocho meses sin cobrar y la reducción de servicios para las personas sordas". "Las personas sordas fuimos las últimas en entrar en el estado de bienestar y vamos a ser las primeras en salir por falta de atención", se lamentó.

Por su parte, la presidenta de Anbis, Yolanda Pedrosa, insistió en la petición de más recursos públicos, empezando desde la etapa educativa, "para que los niños sordos puedan ser adultos competentes". "En la capital el único colegio bilingüe adaptado para los niños sordos es el Colón, centro que cuenta con intérpretes, pero éstos no están presentes en todas las materias. Y en el caso de la provincia, los intérpretes son compartidos entre varios pueblos lo que dificulta que puedan prestar una atención de calidad a todos los alumnos sordos", añadió. Estas dos asociaciones, así como Aspas (Asociación de Padres y Amigos de los Sordos) reclamaron a las administraciones que "se establezca una detección precoz de las necesidades de los niños sordos y reciban una atención temprana con lengua de signos; el derecho a un empleo digno; disfrutar de espacios de ocio inclusivos; ayudas para las asociaciones de sordos; asegurar el acceso a audífonos e implantes al margen del nivel económico; que se dé oportunidad al colectivo para aprender idiomas y que cuenten con servicios de interpretación en todos los ámbitos (sanitario, educativo o de violencia de género)".