Un informe jurídico del secretario municipal del Ayuntamiento, Valeriano Lavela, considera que el Consorcio de Turismo está prácticamente disuelto de facto. En el informe, de fecha 23 de agosto, Lavela concluye que, de no pronunciarse antes del 31 de este mes, el Pleno «habría aprobado y aceptado por silencio administrativo positivo el contenido del acuerdo adoptado por la junta general del Consorcio de Turismo», que se celebró el 23 de mayo pasado y en la que se aprobó definitivamente la cesión global de activos y pasivos del ente a favor del Ayuntamiento.
El secretario municipal afirma que puede entenderse la disolución, ya que «habría transcurrido el plazo máximo de 3 meses desde la fecha en que tuvo entrada (el expediente) en el registro especial de la oficina de la Secretaría General del Pleno».
Así, en el caso del Consorcio, cuyo expediente se registró el 31 de mayo, «el plazo máximo que tendría el Pleno para adoptar el correspondiente acuerdo de aceptación o rechazo del referido proyecto de cesión global de activos y pasivos, finalizaría el 31 de agosto».
Lavela considera que «la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento» y advierte de que una vez transcurrido el plazo del 31 de agosto «sin que el Pleno municipal hubiese adoptado el correspondiente acuerdo sobre aceptación o rechazo» del acuerdo, «se entendería legalmente aceptado por silencio administrativo positivo». De este modo, dice el secretario, «al Ayuntamiento únicamente le cabría dictar acuerdo favorable» sobre la disolución. Lavela, con el objeto de evitar posibles responsabilidades, recuerda que han sido «múltiples y reiterados» los peticiones para que el Pleno diera respuesta «a la perentoriedad y urgencia» de la situación del Consorcio.
En el último Pleno de 28 de julio se dejó sobre la mesa el tema del Consorcio, después de un mes de julio en el que se han sucedido una treintena de informes cruzados y contradictorios y en lo que el escollo ha sido siempre el traspaso de la veintena de trabajadores del Consorcio al Ayuntamiento. Personal (un área en manos del PSOE) ha defendido que esos empleados no pasaran a Capitulares en las mismas condiciones que los empleados municipales, mientras que el criterio de Turismo (IU) ha sido precisamente el contrario: mantener a la plantilla. Después de aquel pleno, se crearon tres comisiones para abordar el asunto, con vistas a que a principios de años estuviera constituido el nuevo organismo que coordine las políticas en esta materia.
Hay que recordar que la disolución del Consorcio se produce en atención a la Ley de Racionalización de la Administración Local y después de que ni la Cámara de Comercio ni CECO, que han formado parte del consorcio junto al Ayuntamiento, estuvieran dispuestas a financiar el ente.
