La Fiscalía Provincial de Córdoba advierte del «importante aumento» de procedimientos incoados en el 2016 por delitos de prostitución coactiva, que cifra en más de un 50 por ciento con respecto al año anterior, obedeciendo dicho incremento con «el considerable aumento» de pisos prostíbulos existentes en la capital.
Según se recoge en la memoria del Ministerio Público relativa al año 2016, frente al citado porcentaje han disminuido paralelamente los atestados instruidos por inspecciones policiales realizadas en clubes de alterne, apreciándose tan solo en estos últimos infracciones administrativas en materia de extranjería respecto de las personas que ejercen la prostitución en los mismos.
Mientras, respecto a la mujer inmigrante y menores, la Fiscalía destaca que este año se ha dado cuenta por Cruz Roja de la situación de vulnerabilidad por riesgo de sometimiento de trata tan solo de dos menores, «hijos de posibles víctimas», cuando el año pasado fueron diez. Ha influido en ello la nueva regulación de las situaciones de riesgo y de desamparo, entre otros aspectos, pues «claramente desplaza las competencias en materia de riesgo en las entidades locales».
Además, se apunta que sí se tuteló a tres menores como víctimas de trata, que entraron en España alegando ser mayores, «siendo notoria la minoría de edad de dos de ellas», mientras que la tercera se determinó tras la práctica de pruebas de determinación de edad. El único caso que estaba pendiente de resolver en el año 2016 era el de tres menores de Camerún, de las que se daba cuenta en la anterior memoria.
En otro orden de cosas, la Fiscalía informa de que en el año 2016 se han recibido más de 20 escritos de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma sobre el ejercicio de la mendicidad de ciudadanas de origen rumano en compañía de sus bebés por diferentes zonas de la ciudad, «estando expuestos a las contingencias climáticas de cada época».
Se trata de informes modelo y en todos los casos se procede a la identificación de las madres, levantándose la correspondiente acta de notificación, tanto en castellano como en rumano, a través de la cual se pone en conocimiento de la progenitora «la ilegalidad de la conducta que ejerce», remitiéndose la misma a la Sección de Protección de Menores de la Fiscalía Provincial de Córdoba y al Servicio de Protección de Menores a los efectos oportunos, no así al Juzgado de Instrucción de guardia.
