«No nos mató ETA y el PP nos está matando de hambre». Esa es una de las frases que han abanderado los antiguos escoltas antietarras, a los que el Gobierno, aseguran, «dejó en la estacada». Manuel Jiménez Frías es cordobés, uno de los miles de andaluces que hace más de una década cogieron la maleta y se instalaron en el País Vasco para trabajar protegiendo a políticos y empresarios amenazados por la banda terrorista. «En el 2002 vi un anuncio en el Marca», relata Manuel, hijo de Policía Nacional, tenía 29 años y por aquel entonces trabajaba en Marbella como vigilante privado después de haber pasado tres años en el Ejército. «Me subí a echar curriculums y un día después me estaban llamando para trabajar en Grupo Ombdus», explica, «hice la prueba de tiro, me habilitaron de escolta y me dieron el carnet después de comprobar mi historial policial». Dos días después, se incorporaba como correturnos a la espera de destino. Primero estuvo protegiendo a varias figuras de renombre en el País Vasco hasta que le asignaron a un empresario de Vitoria. «Cuando vieron mi perfil militar, me dijeron que me mandaban a Mondragón», cuenta, «yo no sabía lo que era aquello hasta que llegué». El servicio empezaba a las 2.15 de la madrugada para realizar el traslado diario con su compañero desde Vitoria hasta allí. «Te recomendaban no vivir en el pueblo». Su «protegida» era una concejala socialista, Matilde. «Lo primero que vi al entrar en Mondragón fue el altar con las fotos de los presos de ETA, Josu Ternera y compañía», rememora despacio, «había que llegar mucho antes de que la protegida saliera de casa para comprobar ascensor, contenedores, farolas, recorrido al trabajo, vehículo...» «Era muy ingrato, todo el mundo sabía quiénes éramos y hasta los niños pequeños nos miraban apuntándonos con las manos, con el gesto de una pistola, la gente te escupía, te gritaban txakur, perro en euskera...» La jornada laboral era de 17 o 18 horas diarias. «Eso que dicen que ganamos mucho dinero... yo cobraba 3.500 euros hiciera las horas que hiciera y de ahí te pagabas la casa, la gasolina, las dietas en los traslados...». La sensación de peligro, de que te vigilan, era constante. «Mi mujer subió dos veces a verme en los ocho años que estuve allí por miedo», explica, «el trabajo era gratificante, pero sufrías amenazas, te tenías que mudar cuando te fichaban...». De los más de 3.000 escoltas que cubrieron esos años de servicio, «más del 60% eran andaluces», asegura. Tenían contratos por obra y servicio hasta que en el 2011 se cumplen los rumores de despido cuando ETA anuncia el alto al fuego.

Aunque en un acto de respaldo a los escoltas, a quienes llamaban «los ángeles de la guarda», miembros del Gobierno de Zapatero se comprometieron a que tendrían salidas como personal de vigilancia en centros penitenciarios o escoltas de víctimas de violencia de género, el Gobierno del PP no lo cumplió. El 6 de octubre del 2011 Manuel entregó su arma tras ser despedido. «Hasta el 2015 no pude trabajar en nada», asegura, «nadie me quería por estar sobrecualificado como vigilante, me decían». De 1.200 puestos de trabajo creados desde entonces en vigilancia penitenciaria, solo se han recolocado unos 89 escoltas. «En Córdoba no hay ni uno de 14 trabajando».

Viendo que el compromiso de recolocación se olvidaba, los escoltas crearon una asociación. «Hablamos con todos los grupos del Congreso y presentamos un proyecto avalado por la asociación feminista Clara Campoamor, para que se estudiara reconvertirnos en escoltas de violencia de género como en el País Vasco». Según Jiménez, las mujeres están más desprotegidas que los amenazados por ETA porque no tienen escolta. «Los terroristas necesitaban un sitio con tres salidas para atentar, los maltratadores matan, no les importa el sitio y ellas no tienen vigilancia constante, ¿por qué un político necesitaba escolta y ellas no? Con la partida que se usaba para eso bastaría para protegerlas».

La situación de abandono en que quedaron, asegura, «ha llevado a muchos a estar ahora pidiendo en la calle, otros dos se suicidaron, hay uno de Córdoba embarcado en los atuneros, otro se volvió a Donosti... hemos pasado situaciones muy duras para, al día siguiente, olvidarse de nosotros como si nada». Hace poco, se hizo una foto con Pedro Sánchez, que se solidarizó con la reinvindicación de los exescoltas antietarras. Ahora piden al nuevo Gobierno que no se olvide de ellos.