El juicio con jurado contra el exgerente de Mantenimiento de ADIF en Córdoba Enrique Finch por los presuntos delitos de cohecho y falsedad en documento público quedó ayer pendiente de los informes de los abogados de las partes, que se leerán hoy. Ayer, acusación y defensa de ADIF aportaron sus peritos para intentar demostrar técnicamente sus argumentos.

Los primeros en intervenir fueron los aportados por la acusación, representada por Francisco Muñoz Usano, quien recurrió a un informático. Este profesional indicó que la carta en la que se pedían unos avales a la empresa denunciante se había introducido en el registro telemático de salida de correspondencia con fecha anterior (casi un mes) a su redacción original. Con ese documento, el denunciado, según la fiscal, pretendía justificar el desembolso pedido al empresario para desbloquear la paralización de la obra. Por este motivo se le acusa del delito de falsedad documental.

Posteriormente, declararon un arquitecto y un aparejador, también llevados por la acusación, para aportar sus informes en los que, por un lado, se recogen las enormes trabas que encontraron para culminar toda la documentación exigida para lograr la autorización de la obra, hasta el punto de que el arquitecto desistió de seguir elaborando documentación. Por su parte, el aparejador hizo una valoración de la perdida económica que ha supuesto para el constructor la demora sufrida en la culminación de la obra, al no poder vender las parcelas. Esta fue estimada en 2,8 millones de euros.

Por otro lado, Javier Pulido, abogado de ADIF, requirió el informe pericial de un arquitecto técnico y un ingeniero industrial, quienes expusieron las carencias que presentaba la documentación presentada por la empresa constructora parta poder recibir la autorización de los trabajos. Además, consideran ambos técnicos que la cifra de pérdidas aportada por el perito de la parte contraria no se corresponde con la realidad, pero no señalaron a cuánto podría ascender.