A partir de mañana, la vigilancia externa de 21 prisiones, entre ellas la de Alcolea, queda en manos privadas, una situación que la sección sindical del CSIF de Córdoba considera que "menosprecia los servicios prestados por las Fuerzas de Seguridad del Estado y afecta a los servicios desempeñados por los funcionarios de Instituciones Penitenciarias".
Esta privatización "no solventa la situación de la falta de personal en los centros penitenciarios, pues las funciones desempeñadas por los profesionales están conexionadas con los diferentes puestos, que no son estáticos. por lo que generará disfunciones regimentales".
La central señala que esta medida "no genera reducción de coste en materia de personal y vulnera los principios esenciales de objetividad, capacidad y mérito establecidos por la legislación vigente".
