El certificado de eficiencia energética es obligatorio desde el 1 de junio del año pasado para viviendas que están en venta o en alquiler e indica el consumo de energía en base al estado de sus electrodomésticos y distintas instalaciones. En estos primeros seis meses, Córdoba es una de las tres ciudades españolas --junto con Valencia y Melilla-- donde más certificados energéticos se han emitido, según asegura un estudio realizado por el portal inmobiliario Enalquiler.com entre el parque de pisos en alquiler que ofrece. Según ese estudio, el 36,98% de los pisos en alquiler tienen este documento, lo que significa que aún quedan un 63% que no lo poseen, por lo que los datos no son tan halagüeños aunque dejen a Córdoba en mejor posición que al resto en la comparativa nacional, ya que la respuesta a nivel general está siendo escasa. La etiqueta energética califica una vivienda de más eficiente, dándole una A, a menos, otorgándole una G, situación en la que están el 84,73% de los pisos con certificado que recoge este portal.

La Junta es la que está recibiendo los certificados. Según datos facilitados por la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Córdoba, hasta el 8 de enero de este año se han presentado en la provincia 3.461 certificados, lo que representa un 5,5% del total de Andalucía, que ha registrado 62.526. De los 3.461 certificados de Córdoba, un 11% --382-- se han presentado de forma presencial, es decir, en el registro de entrada de la delegación. El resto han llegado por vía telemática. La Junta ha detectado a finales de diciembre un mayor uso del registro online, convirtiéndose en el más utilizado para trámites por vía telemática.

El delegado territorial de Economía, José Ignacio Expósito, asegura que "desde su entrada en vigor a mediados del año pasado, la implantación en nuestra provincia del certificado energético está siendo paulatina" y "sin haberse constatado problemáticas de importancia en su desarrollo y ejecución". Expósito destaca que el uso mayoritario del sistema online por los profesionales que realizan las auditorías energéticas "evita a los ciudadanos la realización de ese trámite" y "facilita su ejecución a los especialistas". El delegado recuerda que desde que entró en vigor el real decreto que obliga a presentar el certificado, se puso en marcha el registro telemático en la web de la Consejería, que "facilita la simplificación administrativa, y da transparencia y accesibilidad a la información y a los servicios", además de ser una "herramienta que facilita el control administrativo de los certificados que se registren". Más que verlo como obligación, el delegado considera el certificado como "un nuevo derecho para el consumidor", que en igualdad de condiciones puede decantarse por una vivienda u otra en función de su etiqueta energética.

El certificado es una exigencia del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, que introduce también cambios en la inspección de edificios. Además de a inmuebles en venta o alquiler, afecta a todos los edificios administrativos con una superficie igual o superior a los 250 metros cuadrados. Hasta entonces había otro decreto anterior, de carácter autonómico, el 169/2011, de 31 de mayo, que exigía la certificación energética para edificios de nueva construcción o sometidos a grandes reformas.

No tener certificado puede conllevar multas de entre 300 y 6.000 euros, según establece la ley sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.