La macrocausa que se sigue en los juzgados cordobeses por un supuesto fraude a la Seguridad Social en bajas por enfermedad y desempleo en mercadillos ambulantes cumple ya cinco años en instrucción y aún no se ha terminado de tomar declaración a los cerca de 600 investigados por estos hechos. Según han informado fuentes judiciales, la previsión es que la titular del juzgado de Instrucción 7 de Córdoba termine de escuchar a los llamados a declarar en los próximos meses y, a partir de ahí, tendrá que resolver para determinar el camino que toma la causa, por lo que el proceso se antoja que aún se prolongará varios años más.
La causa fue abierta en el 2012, aunque las actuaciones arrancaron en el 2009, cuando la Seguridad Social detectó irregularidades en el pago de cuotas que debían abonar dos empresas, en concreto dos cooperativas con sede social en la capital cordobesa que tenían como finalidad el comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos ambulantes. La cantidad defraudada pudo ascender a ocho millones de euros, según unas primeras estimaciones.
Tras un primer momento en el que se imputó a cerca de 420 personas, en abril del 2015 se sumaron otros 150 inculpados más que estaban vinculados con otra empresa de venta ambulante, propiedad del mismo empresario ya investigado por otras sociedades. A todos ellos, según informó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se les investiga por supuestos delitos de fraude y estafa a la Seguridad Social.
Las sociedades investigadas operaban, principalmente, en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén, si bien hay imputados empadronados en todo el país. Precisamente esto, y el alto número de investigados, está complicando la instrucción. La magistrada ha llamado a declarar a casi 600 personas, a las que ha escuchado de manera presencial o a través de videoconferencia. El volumen de trabajo ha hecho que el juzgado haya necesitado refuerzos para la tramitación con el fin de acelerar la investigación en curso y evitar la prescripción de delitos.
El fraude consistiría en la formalización de contratos de trabajo falsos a través de las empresas investigadas. Una vez firmados los documentos, los supuestos trabajadores reclamaban las correspondientes prestaciones tanto a las administraciones públicas como a las mutualidades laborales.
La Seguridad Social determinó que las cooperativas no solo establecían una cotización por una jornada ínfima, a veces tan solo una hora, sino que luego ni siquiera ingresaban las cuotas en la Tesorería General, con la que mantendrían una deuda importante. La Seguridad Social resolvió que «la relación entre cooperativa y trabajador es mercantil», lo que se traducía en una limitación en las percepciones económicas de bajas y desempleo.
