Frente a ello, Maíllo ha abogado por «desglosar el presupuesto para saber el termómetro real de su ejecución». Así, ha indicado que «en aquellas consejerías en las que hay la competencia de servicios públicos, donde el capítulo 1 es determinante, como educación o sanidad, donde está el grueso de capítulo 1 de personal, el grado de ejecución coincide no solo con el autorizado, sino con el que realmente se ha ejecutado».

Sin embargo, la situación varía, según ha apostillado, «cuando llegamos a la parte variable, la que determina cuáles son las prioridades de un Gobierno», ya que entonces se empiezan a «ver algunas lagunas».

«Cuando menos determinante es el capítulo 1 se produce un divorcio entre los porcentajes de autorización y de pagos reales», ha indicado el coordinador general de IU, que se ha referido a los casos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales --con «un presupuesto autorizado del 80% y donde se ha pagado el 38%, lo que significa que el tercer sector no cobra»--, al Instituto de la Mujer --”con un 60% autorizado y un 26% ejecutado»--, o Turismo, «con un 63% autorizado, y donde se ha ejecutado apenas el 23%».

Tras señalar la «lentitud» del Gobierno andaluz «en la ejecución presupuestaria porque donde hay parte variable que no es de obligado cumplimiento no se hace», Maíllo se ha referido a las que ha denominado «consejerías de servicios públicos indirectos, aquellas que contribuyen al desarrollo del tejido productivo», y así ha alertado de la situación de la Consejería de Empleo, con unos «niveles escandalosos de porcentaje de presupuesto autorizado, de un 26%, y con apenas el 11%», algo que ha criticado incidieno en que de dicho departamento dependen las políticas activas de empleo. «Indigna porque es un suspenso clamoroso», añadió.