El Gobierno andaluz aprobó el año pasado un duro plan de reequilibrio financiero, que incluía recortes por valor de 3.720 millones de euros al presupuesto de 2012. Algunas medidas del ajuste se renovaban este año, entre ellas la retirada del complemento autonómico de la paga extra de junio. La Junta ahorrará así 207 millones de euros.
Antes del día 24 del mes que viene --fecha en la que unos 200.000 empleados públicos andaluces debieran cobrar la extra-- el sindicato mayoritario de la función pública, CSIF, ha empezado a rearmarse, igual que hizo el año pasado movilizando al colectivo en contra del plan de ajuste. CSIF anunció ayer un calendario de protestas para presionar a la Junta para que les devuelva el plus salarial. Entre las medidas se encuentra el envío masivo de "cartas de indignación" dirigidas a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. "Serán cien mil cartas, 50.000 para cada miembro del Gobierno, y cada una irá firmada por un empleado público, con su DNI, para expresar su indignación y rechazo al ajuste", explicó ayer Francisco Iglesias, responsable de acción sindical.
Los profesores, sanitarios y personal de Administración cobran un plus extra en verano y otro en diciembre que varía según categorías y antigüedad. El complemento autonómico oscila entre los 300 y los 1.200 euros (la mayoría ingresa de media unos 800 euros), según fuentes sindicales. El plus estatal, que complementa esa paga extra, está entre los 280 y los 700 euros por funcionario. El presidente de CSIF, José Luis Heredia, sostiene que los empleados públicos andaluces, junto con los catalanes y los gallegos, son los únicos que no mantienen la paga extra de junio este año. Heredia dibujó ayer un panorama desolador de la función pública andaluza, y recordó que los datos de la EPA de 2012 demuestran la destrucción de 62.000 empleos públicos en Andalucía. "Se han cesado a 4.500 maestros", dijo.
