La jueza de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha abierto una nueva causa contra la Junta de Andalucía, tras una denuncia del PP andaluz y derivada del caso de los ERE, por los avales concedidos desde 2009 a empresas, y ha imputado a cuatro ex altos cargos de la administración andaluza.
En un auto dictado el día 24 de febrero, al que ha tenido acceso Efe, la juez explica que abre la nueva causa para dar un "adecuado impulso procesal" tras la información que recibió relativa a los avales concedidos por la Junta a empresas en el caso de los ERE. Fuentes del PP han destacado que la importancia de esta causa es que, a diferencia de los ERE, todas las ayudas concedidas de más de 1,2 millones de euros fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y los acuerdos fueron publicados en el BOJA.
Este dato permite "intuir" que la investigación se dirige a la cúspide de la pirámide de la Junta de Andalucía: el Consejo de Gobierno, subraya el PP. La juez ha imputado por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos al exconsejero de Innovación Martín Soler; al viceconsejero del mismo departamento Jesús María Rodríguez; al ex director general de la empresa pública IDEA Jacinto Cañete, y al secretario general de Innovación, Juan Francisco Sánchez, que han sido citados a declarar entre 5 y el 8 de mayo y están imputados también en el caso de los ERE.
Alaya ordena a la Intervención General del Estado una prueba pericial sobre las ayudas de salvamento, reestructuración y temporales concedidas a las empresas según una orden de 5 de noviembre de 2008 y otras sucesivas. La prueba pericial pretende conocer si fue ilegal y produjo menoscabo en los fondos públicos lo ocurrido en IDEA.
