La juez Alaya ha imputado a 34 personas más en el caso de los ERE por su vinculación con las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla y ha ampliado las acusaciones contra ex altos cargos de la Junta, entre ellos los exconsejeros Antonio Fernández y Martín Soler. En un auto notificado ayer, la juez, que suma con estas nuevas imputaciones 265 acusados, también cita a los peritos de la Intervención General del Estado para que ratifiquen un informe sobre las presuntas irregularidades en las ayudas sociolaborales de los ERE, que emitieron en diciembre del 2013.
Alaya también se refiere a el exconsejero de Empleo y diputado nacional José Antonio Viera, cuya investigación por su actuación en los ERE corresponde al Tribunal Supremo, y del que dice que "era muy amigo" de uno de los imputados, el alcalde de Guadalcanal, Carmelo Montero (PSOE). Viera asistió, junto al delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, a varias reuniones con el alcalde para lograr ayudas por más de dos millones de euros destinadas a tres empresas de materiales refractario de Guadalcanal.
En el auto, Alaya analiza una treintena de ayudas concedidas por valor de más de 11 millones de euros, la mayoría de ellas gracias a la amistad entre los empresarios y el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, natural de la zona y que en ocasiones recibió regalos a cambio de facilitar las subvenciones. Las ayudas de entre 44.000 y 1.200.000 euros que se concedieron a empresas de todo tipo a partir del 2003 tenían como "denominador común la ausencia de procedimiento", estaban carentes en la mayor parte de ellas de solicitud y no tenían documentación justificativa, resume la instructora.
DISPENDIO DE FONDOS Un atestado de la Guardia Civil asegura que el exconsejero Viera facilitó la concentración de forma "desmesurada" de ayudas a empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, a las que se destinaron subvenciones por 56 millones de euros. En el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO), que ha utilizado Alaya para ampliar las imputaciones, los agentes aseguran que Viera otorgó ayudas de 32.670.702 euros a un grupo de empresas de la Sierra Norte en el que trabajaba su hija Sonia. "Llama poderosamente la atención el desequilibrio y el dispendio de fondos públicos a favor de esta comarca de Sevilla", subraya la Guardia Civil, que atribuye esa concentración de fondos a "afinidades políticas".
En el atestado, la UCO afirma que los exconsejeros Viera y Antonio Fernández, así como otros 10 altos cargos de la Junta, conocían las "importantes irregularidades" en las ayudas, que se otorgaban por "afinidad política" y "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal". La Guardia Civil señala la "participación esencial" que tuvieron Viera y Fernández, así como el exconsejero Francisco Vallejo cuando era presidente de la agencia andaluza IDEA.
REGALOS La juez Alaya ha dictado también un auto en el que amplía la imputación al exconsejero Antonio Fernández por un delito continuado de cohecho porque habría recibido dádivas o regalos por la concesión de subvenciones sociolaborales a determinados beneficiarios. Alaya señala que cuando fue viceconsejero y consejero de Empleo, Fernández adquirió cuatro viviendas y dos garajes entre 2001 y 2008 y percibió, junto a sus hijos, 602.806 euros de origen desconocido a través del abono en cuentas bancarias o fue utilizado para la compra de inmuebles. Cuatro de los inmuebles los adquirió en 2008, dos para él y dos para su hijo.
