La fase de instrucción judicial ha llevado a comparecer ante la jueza María Dolores Rivas a los cuatro agentes y varios compañeros y mandos de la Policía Local cordobesa, pero a ningún cargo con responsabilidad política en el anterior gobierno municipal de Izquierda Unida y PSOE.
La secretaria general del Ayuntamiento elaboró un informe en el que veía indicios penales en la actuación de los agentes y se desató una tormenta en la que el PP acusó al equipo de gobierno de tener responsabilidad política. Es más: el entonces portavoz popular, José Antonio Nieto, exigió en noviembre del 2010 a los socios de gobierno que el Ayuntamiento se personara como acusación particular, toda vez que los cuatro policías locales "ha puesto en duda el honor y el buen nombre del Consistorio". Nieto reprochó a IU y PSOE que el proceso judicial "no puede servir para ocultar asuntos graves, ni ser excusa para tener actitud de parte y ponerse al lado de quienes han tenido una actitud que como mínimo puede calificarse de negligente".
