Como ningún miembro del Gobierno andaluz ha visto la carta de Bruselas (ni la primera ni la segunda) y como, al trascender el primer email, el portavoz oficial de la Comisión Europea aclaró que se trataba solo de un requerimiento ordinario de información y que estaba lejos de ser una llamada de atención sobre la norma andaluza (como dio a entender el Ministerio de Economía), la Junta optó ayer por reaccionar con cautela.
"Dados los antecedentes, con el episodio de la anterior supuesta carta de la Comisión que al final nadie aclaró, lo prudente es guardar distancia y esperar a comprobar qué grado de oficialidad tiene" el nuevo mensaje, dijo ayer la consejera de Vivienda y Fomento, Elena Cortés.
La Junta no teme un recurso inminente del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, porque la norma no es definitiva. El proyecto de ley está todavía en fase parlamentaria, aún podría cambiar vía enmiendas, y hasta que no se apruebe de forma final no puede tener efecto una suspensión cautelar, dicen desde el departamento de Cortés.
Lo que sí podría ocurrir es que el Gobierno presente un conflicto de competencias que deje en suspensión cautelar el decreto, pero Cortés recordó ayer que la norma "se aprobó en el marco de competencias del Gobierno andaluz y bajo el paraguas jurídico de la Constitución". "Seguiremos desplegando todas las facultades de un decreto que da cumplimiento al programa electoral de IU y al pacto de Gobierno de Andalucía", señaló.
A colación del primer mensaje de Bruselas, incluso el PP andaluz se aventuró a garantizar que el Gobierno de Mariano Rajoy no recurriría el decreto antidesahucios. El objetivo último de la norma es forzar a bancos, inmobiliarias y promotores a abrir el parque de viviendas, so pena multas si se niegan a ponerlos en alquiler. De Guindos cree que esta política pone en riesgo la cuenta de resultados de las entidades financieras y, por extensión, hace que se tambalee el plan de rescate que firmó con Bruselas.
