Educación

Alegría insiste a las autonomías en la necesidad de dar una respuesta "común" ante los móviles en los centros educativos

La ministra de Educación destaca el "buen clima" de la reunión con las comunidades para dar una "respuesta coordinada" a la prohibición de móviles

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, preside una reunión con los consejeros autonómicos de Educación.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, preside una reunión con los consejeros autonómicos de Educación. / EP

EFE

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha insistido ese miércoles a las comunidades autónomas en la necesidad de dar una respuesta "común y coordinada" acerca del uso de los teléfonos móviles en los centros educativos.

Alegría ha presidido hoy miércoles una reunión de trabajo con representantes de las comunidades para avanzar en la regulación de estos dispositivos en los recintos escolares, un encuentro que las comunidades gobernadas por el PP han criticado porque "llega muy tarde".

"La reunión ha puesto de manifiesto la preocupación compartida por el Ministerio y las comunidades sobre este aspecto. De hecho, a raíz de la sectorial del 13 de diciembre, siete territorios (incluidos Ceuta y Melilla) han puesto en marcha su propia regulación en esta materia, mientras que el resto están en proceso de debate (...)", y otros cuatro ya tenían sus propias normativas, añade Educación.

Alegría ha explicado a las comunidades la propuesta de su cartera y ha subrayado la importancia de “hacer frente a esta preocupación e inquietud social de manera coordinada. Se trata de contar con una postura común, escuchándonos los unos a los otros, que permita un consenso de mínimos para que luego las comunidades, dentro de su autonomía, puedan realizar sus recomendaciones o instrucciones".

La propuesta del Ministerio consiste en un uso cero del móvil en Infantil y Primaria, y en limitarlo a actividades pedagógicas cuando el docente así lo considere en ESO, Bachillerato y Formación Profesional, con excepciones.

Además, hay comunidades que han planteado que en etapas de enseñanzas postobligatorias sean los centros los que puedan establecer el uso.