Hace un año que saltaba la noticia en relación con la política de "tolerancia cero" contra la inmigración empleada por Estados Unidos en la frontera con México. Los menores migrantes eran separados de sus padres y enjaulados en un centro denominado Úrsula pero al que los migrantes llaman "la perrera" por sus características. Laura Bush, exprimera dama, llegó a decir que era similar a los campos de internamiento donde se internaba a los norteamericanos de origen japonés durante la segunda guerra mundial. Si la separación era ya inhumana, las condiciones no lo eran menos. Sin embargo, la noticia se publicó y no pasó nada. Ninguna reacción, más allá de las de las organizaciones de derechos humanos, la clase política permaneció impasible.
Durante los últimos meses del 2019 la presencia en las noticias de lo que está sucediendo en Centroamérica se ha convertido en una crónica de sucesos más. La situación en el centro de detención de Texas es dramática. No solo continúan las violaciones de derechos fundamentales de adultos y menores, sino que, como consecuencia del incremento masivo de las detenciones el hacinamiento y la insalubridad forman parte de la cotidianeidad. La ausencia de agua corriente hace que los pequeños se deshidraten, la ausencia de limpieza hace florecer las infecciones y la ausencia de una atención médica adecuada provoca que las muertes de niños y mayores estén a la orden del día. Es una emergencia humanitaria en uno de los países más ricos del planeta. Y todo ello ante la pasividad general. Ningún telediario ha abierto las noticias llamando al envío de ayuda humanitaria a El Paso o a Rio Grande. Ningún líder se ha atrevido a levantar la voz ante la muerte que se ceba en esos centros. El Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos tiene el control de la situación. Y también la empresa GEO Group, que ha incrementado exponencialmente sus ingresos como concesionaria de los centros de detención de inmigrantes desde la llegada de Trump al poder. Empresa que, por cierto, realizó una donación de 250.000 dólares uno de los grupos que apoyaron la campaña del presidente. Saquen sus conclusiones.
La política de disuasión puesta en marcha por Trump ha fomentado, sin duda, una mayor militarización de la frontera por parte de México, dónde López Obrador ha cedido al chantaje de Washington y ha enviado a más de 15.000 efectivos. Es evidente que este tipo de política no va a frenar los movimientos migratorios. Hondureños, salvadoreños y guatemaltecos van a seguir huyendo de la violencia y de la pobreza de sus países con la certeza de que si consiguen atravesar la frontera tendrán una mejor vida. Ni las amenazas, ni el riesgo de perder la vida les van a detener. Al igual que eritreos, afganos o sirios, ningún muro les va a impedir intentar alcanzar una vida mejor.
Parece evidente que la necropolítica se ha instalado en nuestra cotidianeidad, todo aquel que no sea rentable no tiene derecho a tener derechos. Y sin embargo, a la luz de los datos, es inevitable pensar que aquellos que diseñan este tipo de políticas saben que, bien gestionadas, pueden dar pingües beneficios.
* Profesora de Ciencia Política en la UCM e investigadora sénior en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
