En España, comunidades como el País Vasco o Cataluña, gobernadas durante varias décadas por partidos nacionalistas, ya experimentaron cambios de gobierno. Solo quedaba Andalucía para cerrar el círculo de la alternancia política, y los resultados del 2-D la han hecho posible.

No obstante, es una alternancia atípica, presidida por un partido que ha obtenido uno de los peores resultados de su historia. Solo la debacle del PSOE y de Adelante-Andalucía (A-A), propiciada por la desmovilización de la izquierda y por su inexplicable paralización postelectoral, ha permitido la formación de un gobierno de centro-derecha PP-Cs, apoyado por el partido de ultraderecha Vox.

Desde un punto de vista formal, la alternancia es impecable, ya que esos tres partidos han sido capaces de formar una mayoría suficiente en el Parlamento andaluz, que es realmente lo que vale en un sistema parlamentario como el nuestro. Esperemos que se acabe de una vez por todas con el mantra de «la lista más votada» o de «gobierno de perdedores» que, de forma interesada, venían utilizando unos y otros a conveniencia. Gobierna quien logra armar una mayoría parlamentaria, y punto.

Ahora bien, la alternancia no siempre asegura la gobernabilidad, que es otra cosa. Por eso, hay dudas fundadas sobre si la nueva mayoría parlamentaria PP+Cs+Vox conducirá a una situación de gobernabilidad que permita al nuevo poder ejecutivo emprender su acción de gobierno con la estabilidad que toda democracia requiere.

De hecho, la escenificación del pacto tripartito no augura nada bueno. Los dirigentes de Cs no han querido saber nada de Vox, que, lo quieran o no, será su socio, haciéndose más que evidente la profunda desconfianza entre ambos partidos. Ni una foto ha sido posible entre los dirigentes de los tres partidos. Parece como si la comprensible alegría por haber logrado la alternancia en Andalucía, sea una alegría fragmentada, experimentándola cada partido a su manera y mirando de reojo al socio del tripartito, como si fuera un adversario.

Además de la desconfianza, hay otras razones que hacen dudar de la gobernabilidad en Andalucía. La primera es que la alternancia descansa en tres partidos (PP, Cs y Vox) que compiten por la misma base electoral. Ello generará inevitablemente tensiones entre ellos, teniendo en cuenta que en este año 2019 habrá diversos comicios (municipales, autonómicas, europeas y previsiblemente nacionales) y tendrán que hacer visibles sus diferencias.

La segunda razón estriba en el hecho de que el programa del nuevo gobierno ha sido acordado solo entre dos partidos (PP y Cs) que no tienen la mayoría necesaria para sacar adelante los proyectos de ley en los que deben concretarse las reformas propuestas. En su discurso de investidura, Moreno Bonilla ha afirmado, consciente de su debilidad parlamentaria, que el diálogo con todas las fuerzas políticas será el eje de su actuación. Pero la realidad es la que es, y el poder ejecutivo se verá obligado, mal que le pese a Cs, a contar con el apoyo de los doce diputados de Vox para llevar a cabo su acción de gobierno. Es el de Vox un apoyo que, al no estar comprometido por un programa previo, tendrá que ser negociado día a día, con el consiguiente desgaste que ello conlleva para los dos partidos de la coalición gobernante.

Y ahí estriba la tercera razón sobre el riesgo de inestabilidad, ya que muchas de las medidas acordadas entre PP y Cs, entran en colisión con el programa de Vox, por lo que no tienen asegurado el apoyo de este partido cuando el gobierno las presente en el Parlamento.

Por ejemplo, las medidas relativas al compromiso de asegurar el funcionamiento del modelo autonómico en temas como salud y educación, entran en conflicto con la posición de Vox respecto a las CC.AA., que ha hecho de la centralización y la recuperación por parte del Gobierno central de esas competencias su principal banderín de enganche. Lo mismo cabe decir del compromiso de PP y Cs de seguir avanzando en las políticas de lucha contra la violencia machista, cuya paralización y reforma es otro de los temas estrella de Vox. Algo similar puede decirse en relación con la implementación en territorio andaluz de las políticas relativas a los temas de acogida de inmigrantes sobre las que hay serias discrepancias entre los tres partidos.

La oposición, formada por PSOE y Adelante-Andalucía, estará al acecho, pendiente no solo de si la gobernabilidad funciona, sino también ocupada de obstruir la acción de gobierno con las herramientas habituales en toda democracia: sesiones de control en el Parlamento; presentación de mociones que muestren los flancos débiles del Gobierno provocando divisiones en su precaria mayoría parlamentaria... Está por ver si habrá cooperación entre PSOE y Adelante Andalucía (cuya desconfianza mutua es manifiesta) o si se embarcarán en una carrera por ver cuál de los dos partidos es más radical en su oposición al gobierno.

En definitiva, ha habido alternancia en Andalucía. Pero el hecho de que no esté asegurada la gobernabilidad es un mal augurio para una comunidad como la nuestra que, para seguir avanzando, necesita una estabilidad política que hoy por hoy es incierta.

* Instituto de Estudios Sociales Avanzados IESA-CSIC