Paul Valéry dijo que "la política es el arte de evitar que la gente se preocupe de lo que le atañe". Y aquí, en Córdoba, parece ser que se cumple, en gran medida, lo que decía el insigne escritor y poeta francés.
El inacabable "caso Colecor" es uno de los temas por el que los cordobeses nos debemos preocupar, hablar y escribir sobre él y no callarnos ante los nuevos "sucedidos" que sus principales actores ofrecen a la palestra informativa. Las declaraciones, muy peculiares, del señor Gómez no han hecho sino introducir en la escena una serie de irregularidades y aberraciones que, por ser dimanantes del ejercicio público de sus principales protagonistas, son susceptibles de atención fiscal togada para salvaguardar los intereses de los ciudadanos cordobeses que están soportando, con estoica anestesia, las altaneras desfachateces de un empresario metido a político, sin idea de lo que eso significa para el "bien común". ¡Debiéndole a Córdoba y a los cordobeses lo que les debe!
Saltarse "a la torera" licencias de obras para construir 60.000 metros cuadrados de naves y vender en ellas, al por mayor, sin autorización legal para hacerlo. Obtener permisos "verbales" en reuniones "clandestinas" temiéndole a la ley y con intención de eludirla para construir en la Carrera del Caballo un número importante de viviendas unifamiliares. Sentirse "animado" por la entonces alcaldesa, la fugada Doña Rosa, (amiga mía; pero lo cortés ni quita lo valiente ni la independencia) para que "comprara" unos cines y que, posteriormente a la compra, "ya se cambiarían por lo que fuera". Acumular una deuda con el Ayuntamiento de Córdoba, recordando que es de todos los cordobeses, cercana a los 40 millones de euros, permitiendo que haya ocupado un escaño consistorial sin satisfacer dicha deuda. Jactarse de las denuncias urbanísticas, diciendo que las pagaría "mi (su) hermana la pelá ", son hechos que deben preocupar a la ciudadanía cordobesa en el grado suficiente como para que la intranquilidad ante las dejaciones, abandono de responsabilidades y desistimientos por parte de los garantes en hacer cumplir las leyes, normas, reglamentos y ordenanzas municipales y que, por sus flojos actos, relajados y laxos, estos personajes se puedan "ir de rositas" blandiendo, a diestra y siniestra, proclamas populistas, dando lecciones de picaresca, granujadas y truhanerías a los que con tantísimo esfuerzo le estamos pagando su emolumento público, a través de nuestros impuestos que los satisfacemos, todavía, con infinita paciencia franciscana.
Como consecuencia de todas las "fechorías" anteriores, el propio Consistorio quiso beneficiarse de sus propias ineptitudes, improcedentemente desatinadas; para ello, consignó la totalidad de la sanción al señor Gómez, en el ejercicio 2009, como cobrada íntegramente, falseando así unas cuentas consistoriales que deberían haber sido deficitarias en 24,4 millones de euros, convirtiéndolas, por arte de birlibirloque, en positivas en 200.000 euros. ¿Qué ocurrió? Que, en este caso, la cándida Junta de Andalucía autorizó la petición de créditos hasta un montante de 26 millones de euros. Esta argucia financiera, presentada con sutileza desvergonzada, "rescató" al Ayuntamiento de una muerte por ahogamiento de liquidez. Lo lamentable de esta actuación es que sólo existió una lacia, mustia y triste crítica, nada recriminatoria, del Tribunal de Cuentas. Es decir, de haber cobrado 24,6 millones, a pagar, sin rechistar, más de 50 millones de euros. ¡He ahí los gestores públicos! ¡Qué vergüenza! Ante estas dolosas conductas, tanto por el empresario, señor Gómez, que, con ellas, iba buscando su propio beneficio, como por las de la alcaldesa, Doña Rosa, y el señor Ocaña, que no quisieron evitarlas, permitiéndolas indecentemente. Ante estos comportamientos, digo, surge, con espontánea candidez, la pregunta del millón: ¿a cambio de qué se jactaba uno, y a cambio de qué las consentían otros? ¿A cambio sólo de que la alcaldesa se pusiera "morada" de tanto comer en casa del señor Gómez?
Esta pregunta la deberían contestar los actores de esta tragicomedia de corruptivos (que tienen virtud para corromper) y corruptibles (que pueden corromperse) en la sede judicial de la Fiscalía Anticorrupción. Al menos, para tranquilizar las conciencias y la dignidad de los cordobeses y salvaguardar sus plusvalías públicas. Esto, si no ocurriese así, sería superar la capacidad de tolerancia y paciencia de la ciudadanía cordobesa.
* Gerente de empresa
