Después de darle muchas vueltas, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido por fin enviar al Consejo de Estado su proyecto de reforma de la ley de bases del régimen local en cumplimiento de los compromisos adquiridos con Bruselas sobre simplicación y ahorro administrativos. La noticia provocó reacciones contrarias desde todas las formaciones políticas, que vieron en el texto el deseo de vaciar de contenido las competencias municipales a favor de la Administración central y las diputaciones, así como la intención de privatizar algunos servicios que ahora prestan los consistorios. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas evaluará el coste de esos servicios en poblaciones de menos de 20.000 habitantes y si no es competitivo será la diputación correspondiente la que asuma su prestación. El problema es que la mayor parte de las organizaciones provinciales españolas carecen de estructura suficiente para hacerlo. De ahí el temor a una privatización de esos servicios. El ahorro a que se ha comprometido con la Comisión Europea, que cifra en 7.129 millones en los próximos tres años, podría lograrlo básicamente con la eliminación de empleos en la órbita municipal, en especial en las empresas públicas y en personal eventual. En el futuro, las retribuciones de funcionarios y laborales, que se verán reducidas, no se establecerán desde los municipios, sino desde los Presupuestos Generales del Estado, lo que no deja de dar argumentos a quienes acusan al Gobierno de recentralización.
