El espeluznante caso de los bebés robados en España entre 1959 y 1990, con 1.500 denuncias presentadas, vuelve a la actualidad con el fallecimiento de María Gómez Valbuena, más conocida por sor María, la única imputada en dos casos que se investigan en dos juzgados madrileños. Las dos causas --la primera se refería al supuesto robo de una niña en 1982 y la otra al de dos gemelas un año antes-- serán ahora previsiblemente archivadas. Sin embargo, la muerte de sor María no debería paralizar las investigaciones, sino, al contrario, acelerarlas. Las asociaciones que rastrean los casos de los niños robados piden que la justicia agilice sus procedimientos precisamente para evitar lo ocurrido ahora, que los imputados mueran mientras se investiga y el asunto se archive. Sor María tenía 87 años. Estos colectivos piden también a los tribunales la imputación de los médicos u otras personas que pudieran haber colaborado en las sustracciones, ya que es impensable que la religiosa fuera la responsable de los 3.000 casos de adopciones irregulares calculados. Afortunadamente, los fiscales que investigan esta trama tienen desde finales del año pasado la instrucción de la Fiscalía General del Estado de que los casos no pueden archivarse de entrada por falta de pruebas --como había sucedido hasta entonces-- y de que no prescriben hasta transcurridos 10 años desde que la persona afectada conoce que fue un niño robado. Ambas son dos buenas decisiones que ahora habrá que utilizar.