pLIMPIEZA

nResponsabilidad y civismo N

***Gabinete de Prensa del ***Area de Seguridad del

***Ayuntamiento

***Córdoba

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En relación a la carta publicada en esta sección por la señora Cristina Romero, el Ayuntamiento de Córdoba quiere informarle de que desde febrero (como el propio Diario CORDOBA publicó el pasado jueves 24 de febrero), la Policía Local ha iniciado una campaña de control y vigilancia, en coordinación y colaboración con la empresa municipal de limpieza Sadeco, para que los dueños de perros los lleven atados en la vía pública y, asimismo, limpien los excrementos que éstos puedan depositar en la calle.

De este modo, el Ayuntamiento vela por el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Control Animal y da respuesta a las demandas de la ciudadanía que, como la señora Romero, expresan su malestar con quienes, de manera incívica, dejan los excrementos de sus perros en las calles de la ciudad. Así, desde el inicio de esta campaña de vigilancia y control, la Policía Local ha sancionado hasta ahora a 56 personas que han incumplido la citada ordenanza municipal, imponiendo sanciones que van desde los 60 a los 150 euros por llevar al perro suelto, por no recoger los excrementos de sus mascotas de la vía pública o bien por tener al perro sin el chip de identificación.

Aunque la mayoría de los dueños de perros se hacen cargo cívicamente de sus mascotas, hay que seguir trabajando para que este ejemplo se extienda a quienes mantienen actitudes incorrectas para con el resto de los vecinos de la ciudad.

pACLARACION

nSobre el 11 de marzo en el Centro Penitenciario N

***CSIF, UGT, CCOO, APFP, ***USO-ACAIP

***Córdoba

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A raíz de los acontecimientos del día 11 de marzo en el centro penitenciario de Córdoba derivados de la operación Horco y que se saldaron con la detención de dos empleados públicos, los representantes de los trabajadores por los sindicatos USO-ACAIP, CSIF, UGT, CCOO y APFP de este centro reclamamos la aplicación del principio constitucional de presunción de inocencia, invocándolo como garantía plenamente vigente.

Pertenecemos a un colectivo sometido y fiscalizado por rigurosos mecanismos de control interno, que pasan por nuestros superiores jerárquicos, por la inspección penitenciaria más tarde y por un juzgado específico de vigilancia que salvaguarda permanentemente la defensa de los derechos de los internos. Nuestra dignidad y nuestra profesionalidad, por tanto, no deben cuestionarse alegremente en el zoco mediático ni recibir un tratamiento informativo que alimente el lugar común, el tópico, la metáfora fácil y la descalificación sistemática, ingredientes alejados de lo que debe ser un trabajo periodístico contrastado y riguroso y que puede socavar el respeto que este colectivo merece.

Colectivo y trabajadores que prestamos nuestro servicio y volcamos nuestra labor diaria en la consecución del prioritario objetivo a que nos obliga nuestra constitución en su art. 25.2: la reeducación y reinserción de todo interno a nuestro cargo. Todo ello, además, en unos centros cada vez más hacinados y masificados, con unas condiciones laborales que empeoran a diario. No obstante, el colectivo que trabaja en este centro se siente orgulloso de trabajar donde lo hace, y como fruto a nuestro compromiso se nos reconoce y valora públicamente en bastantes ocasiones que no encuentran ni los ecos ni las portadas merecidas. Exigimos que no se nos vuelva a situar más en el ojo ni en el centro de ninguna diana, que no se juegue más con el valor de nuestra imagen, porque gracias a la confianza de nuestros compañeros en nosotros, estaremos dispuestos a defenderla y a defenderlos en las instancias oportunas.