He defendido con insistencia que será la confianza en el país el elemento determinante para salir de esta situación. Parece que no va a resultar suficiente.

El presidente del Gobierno ha anunciado un durísimo plan de ajuste para reducir en el menor espacio de tiempo posible el déficit del Estado. El plan contempla medidas de profundo calado y no tienen una lectura socialdemócrata. No obstante, no dudo de que el Gobierno las define porque carece de más opciones aceptables por los principales demandantes de las mismas, los mercados.

Este plan de recorte es una decisión política muy relevante y, en mi opinión, capaz de marcar un punto de inflexión en la vida pública de nuestro país. Al amparo de su presentación en el Congreso, el Partido Popular ha criticado (de manera especialmente hipócrita) que se hayan puesto sobre la mesa. Resulta irónico que lo que hasta hace tres días era la petición fundamental de la derecha se convierta ahora en la punta de lanza de sus críticas. Nadie piensa que el Partido Popular sea el defensor de las políticas sociales en nuestra democracia. Del mismo modo, los sindicatos han puesto de manifiesto lo que es evidente. Estas medidas quiebran el discurso político del Gobierno que era salir de la crisis sin recortes sociales. Aquí es donde centro el objeto de mi desacuerdo con este plan porque está en juego la legitimidad de ejercicio del poder político.

La derecha va a pedir elecciones anticipadas de manera inmediata. De hecho, ya ha comenzado a hacerlo. Quedan dos años para el final de la legislatura y la soledad del gobierno, dada su lentitud de reacción, la dureza de las medidas, la previsible conflictividad social que generen y la absoluta irresponsabilidad de la oposición, aconsejarían dotarse de la mayor fortaleza posible para afrontar este ciclo. La solidez, necesaria siempre pero imprescindible en una situación extraordinaria, debe consolidarse con medidas extraordinarias. Las circunstancias económicas, políticas y sociales que se daban cuando el Presidente se sometió al debate de investidura han cambiado sustancialmente. En efecto, lo que se ha anunciado es, cuanto menos, la suspensión del programa de gobierno vigente. En otro caso, es un nuevo modelo. De cualquier forma, no es lo mismo.

La Constitución prevé una posibilidad que encaja en este contexto. El Presidente puede, previa deliberación del Consejo de Ministros, pedir la confianza de la Cámara. El plan modifica la vida política española. Entiendo que la coyuntura, inédita en España, requiere que el gobierno alcance el máximo apoyo posible para implementar estas medidas (u otras más coherentes ideológicamente, que repartan las cargas, exigiendo una contribución mayor a quien más se beneficia de la actuación de los mercados especulativos). La cuestión de confianza es un instrumento constitucionalmente posible y políticamente conveniente. Brinda la oportunidad de reforzar la legitimidad del gobierno, cuando se ha separado obligadamente de los planteamientos de su investidura; retrata la responsabilidad del resto de los grupos políticos, o su ausencia; aleja el discurso oportunista de las elecciones anticipadas y permite el indispensable debate político (particularmente necesario en el Partido Socialista, cuya militancia no debe ocultar su juicio) sobre las medidas que han de adoptarse, ya que, si éstas no son, habrá de decir cada quién cuáles propondría. La estabilidad del sistema no estaría comprometida porque el mecanismo constitucional prevé esta eventualidad.

Es evidente que se asume un riesgo. De alto nivel. El precio de esta manifestación de coraje puede resultar elevado. El Presidente podría no contar con la confianza de la Cámara. Pero los momentos de relevancia histórica, como estos, exigen liderazgos que los manejen con altura de miras. La oportunidad de responder a este envite con la mayoría del país al lado se refuerza si nos jugamos el puesto por lo que creemos crucial. Podemos convencer porque debemos convencer. En caso contrario, estaríamos limitando el ejercicio del poder al poder mismo. Yo no creo en su ocupación agónica sino en su utilización para el progreso. Es un tiempo de sacrificios, nos ha dicho el Presidente. La confianza, patrimonio personal del ciudadano, también los exige.

* Asesor jurídico