En torno a un centenar de menores tutelados por la Junta de Andalucía (el año pasado fueron 87, según la información facilitada por la Junta) salen cada año de los centros de protección de Córdoba al cumplir los 18 años. Es la edad legalmente establecida para que estos niños, que mientras han sido menores, han permanecido arropados por el sistema tras declararse su situación de desamparo, den el salto a la vida adulta, tengan o no un plan de vida organizado. Entre esos menores, los que no llegaron a ser acogidos por ninguna familia, hay nacionales que generalmente se ven abocados a volver con sus familias biológicas, las mismas en muchos casos a las que el sistema les retiró la tutela por no saber cuidar de ellos, y extranjeros no acompañados, la mayoría varones de origen magrebí o subsahariano, que deben buscarse la vida por sí mismos.
El número de plazas disponibles para dar continuidad a la atención de estos casos es minúsculo para el volumen de demanda que se genera anualmente, lo que obliga a los trabajadores sociales de los centros de protección a buscar alternativas habitacionales en recursos pensados para otro fin, como las casas de acogida para personas sin hogar.
La Fundación Don Bosco, Córdoba Acoge o Baena Solidaria son las entidades que disponen en la provincia de programas de acompañamiento para los chavales extutelados, donde reciben los apoyos necesarios para llegar a la emancipación de una forma menos abrupta. Para Enrique Garcés, presidente de Córdoba Acoge, «se trata de una realidad desconocida pero muy grave, ya que se expulsa del sistema de protección a los menores, muchas veces indocumentados, y se les deja en situación de extrema vulnerabilidad, tirando además por la borda la intervención realizada en los años previos». Córdoba Acoge tenía hasta hace unos años dos pisos de acogida con 12 plazas mantenidos con financiación público privada, pero actualmente solo cuenta con uno, de 6 plazas, por los recortes públicos.
La Fundación Don Bosco, por su parte, tiene dos pisos tutelados con 8 plazas concertadas con la Junta de Andalucía y otros dos pisos que financia con recursos aportados por entidades como Cáritas, con 11 plazas más. En ambas entidades coinciden en la importancia de ofrecer una actuación lo más integral posible para acelerar el proceso de emancipación, sobre todo, en chicos que tienen un déficit importante de formación, cuya lengua materna no es el español y que en muchos casos, se enfrentan a cierto estigma social a la hora de la inserción laboral. Según Antonio Alférez, de la Fundación Don Bosco, «la demanda es altísima y siempre hay lista de espera» aunque la rotación de las plazas no es muy alta. En los pisos llamados «de alta intensidad», los usuarios cuentan con 12 meses prorrogables para desarrollar su proyecto de autonomía. Según Alférez, «dado que los recursos son limitados, el perfil que entra en los recursos es el de los chicos más motivados, los que creemos que pueden aprovechar más el tiempo, pero aun así, el objetivo es que salgan con sus papeles, con habilidades sociales y un empleo para que se puedan mantener ellos, y para que el trabajo que hacemos tenga sentido, y ese es un camino que a unos les lleva más tiempo que a otros».
El problema al que se enfrentan en muchos casos es la falta de documentación con la que salen de los centros de protección al cumplir los 18. Según los trabajadores sociales consultados, son muchos los que llegan próximos a la mayoría de edad y no hay tiempo ni recursos para gestionar los trámites. El permiso de residencia se concede por un periodo de un año prorrogable a otros dos y a dos más, tras lo cual pueden solicitar una documentación de larga duración. Sin embargo, para obtener estos permisos deben demostrar que tienen las necesidades básicas cubiertas. Los que consiguen plaza en los escasos programas disponibles o en las casas de acogida pueden hacerlo, el resto se queda en el limbo, sin medios y sin papeles con los que intentar, al menos, conseguir un trabajo. La casa de acogida municipal y la casa Madre del Redentor de Cáritas son otro de los destinos a los que recurren los trabajadores sociales de los centros de menores cuando ven que se acerca el día del 18 cumpleaños y los chicos no tendrán adónde ir. En ambas casas, la lista de espera es enorme, por encima de las veinte personas, aunque en cada una de ellas viven ya de siete a ocho extutelados. «La realidad de estos niños es muy dura y no hay recursos suficientes para dar respuesta a la demanda», explica la trabajadora social de la casa de Cáritas, María Calleja, «muchos se quedan fuera porque no hay plazas, otros fruto de la presión, la ansiedad del consumo de droga o de alguna dolencia latente desarrollan enfermedades mentales y están en situación de calle solos».
La directora del albergue municipal, María Blázquez, lo confirma. «Cuando están en un piso tutelado o en las casas de acogida, se les incluye en itinerarios de inserción para que mejoren su formación y puedan buscar un empleo, pero no todos cumplen el objetivo que se marcan, fracasan, se desaniman, y se van a otras ciudades o a casas de ocupa, o están en la calle un tiempo y luego vuelven a solicitar plaza». De ahí que la lista de espera sea tan grande tanto en las oenegés como en los albergues. Blázquez y Calleja coinciden además en que el mayor reto es el empleo, «sobre todo porque para obtener el permiso de residencia necesitan contratos de al menos un año».
