Es muy injusto porque había escapado de la violencia de género y solo quería proteger a mis hijos». Con estas palabras de Juana Rivas quedaba visto para sentencia el juicio contra esta madre de Granada que se enfrenta a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y otro de desobediencia civil en concurso al haberse fugado el pasado verano y no entregar a los dos niños a su padre, cumpliendo así las diversas sentencias que le indicaban que debían regresar a su lugar de residencia con su progenitor. Pese a que la Fiscalía mantiene la petición de pena insistiendo en que se produjo una decisión «unilateral» por parte de la madre para escapar de Italia, su abogado intentó demostrar que, mejor o peor asesorada, simplemente siguió los consejos de los distintos letrados que le fueron asistiendo y llegaron a explicar, algunos públicamente en los medios de comunicación, que si devolvía a los menores antes de haber agotado todas las opciones hubiera sido perjudicial para ellos. «Me dijeron que había consecuencias legales, pero yo antepuse las consecuencias para mis hijos», ha repetido en varias ocasiones.

La defensa de Rivas, que ha estado acompañada por un grupo de mujeres solidarizándose con ella, ha tratado de introducir en el juicio el motivo fundamental que justifica su marcha de Italia y su estancia en España: la violencia física y psíquica que sufría la mujer. «No volví porque no quería vivir en Italia bajo sus torturas», ha justificado. La pieza maestra de un puzle que lo condiciona «y distorsiona» todo, por más que el juez haya intentado en varias ocasiones zanjar los comentarios referidos a estos malos tratos al no haber sido juzgados aún ni condenados.

Sin embargo, desde la fiscalía y la acusación particular que ejerce su expareja, Francesco Arcuri, han cuestionado este tema poniendo de relieve que pese a existir una sentencia condenatoria contra él en España que se remonta al año 2009, ella «reanudó la relación, volvieron a estar juntitos, tuvieron un segundo hijo y se instalaron en Italia», señaló la fiscal, quien tildó de «normal» las discusiones de la pareja. Los forenses han reconocido que los niños hablaban de «continuas peleas» entre sus padres, pero que convivían bien con ambos progenitores, y han rechazado cualquier posible riesgo para ellos. El abogado de Arcuri incluso llegó a explicitar ante el juez su creencia personal de que la denuncia por malos tratos «fue un instrumento para conseguir una renta mínima de inserción». La denuncia fue formulada ya en Granada cuando Juana regresó en 2016, evaluada con riesgo «medio» y archivada al no ser competencia de España. Tras un recurso y ampliación de la misma, la Fiscalía ordenó su traslado a Italia en 2017, al ser en ese país donde supuestamente se habría producido. Pero aún no ha dado lugar a un procedimiento judicial, como confirmaron ayer miércoles ambas partes.

Frente a estas tesis, el abogado de Juana recordó como Arcuri incumplió el compromiso de un tratamiento psicológico de recuperación tras la condena de hace nueve años, y como en diversas ocasiones dijo que «nunca había agredido» a la mujer pese a que la condena consta que la «abofeteó, tiró al suelo y arrastró». «No le doy credibilidad», apuntó, recordando que recibió varios mails en los que Juana le contaba dónde estaba ese verano de 2016 y que pese a que los niños tenían la doble nacionalidad, cuando en agosto de ese año pone en marcha la petición de recuperación de los menores atendiendo al Convenio de la Haya aseguró que los niños solo eran italianos y que desconocía su paradero. La sentencia del juicio podría conocerse antes de que acabe julio,