Una veintena de Juzgados en toda España, la mayoría de instrucción penal, tienen ya causas abiertas para determinar si hubo irregularidades relacionadas con la gestión de la pandemia de covid-19 en las residencias de ancianos. No obstante, este número puede verse incrementado en las próximas semanas si se tiene en cuenta que las diferentes fiscalías suman más de 130 diligencias de investigación en este ámbito, según los últimos datos facilitados por la Fiscalía General del Estado. En cuanto a las actuaciones civiles, se han registrado un total de 192, de las cuáles 176 siguen en trámite.
Asimismo, si algún familiar presenta de forma individual una denuncia en los juzgados, la fiscalía, en ese caso concreto, debería dejar de investigar y pasar todas las pesquisas al órgano judicial que corresponde.
La evolución de este tipo de actuaciones penales impulsadas por la fiscalía continúa en ascenso, ya que hace una semana los datos oficiales arrojaban en total en España 109 diligencias penales y una docena de causas ya abiertas en los juzgados. Los casos en los que se investiga la posible comisión de un delito siguen siendo más numerosos en Madrid (61), seguida de Cataluña (25) que, además, acapara la mitad de las diligencias civiles o penales abiertas. Allí se mantienen abiertas diligencias penales o de ámbito civil que afectan, al menos, a 106 centros.
Las diligencias penales aportadas por la Fiscalía General arrojan una fotografía que no es fácil de cuantificar en cifras totales, pues hay que tener en cuenta expedientes archivados, otros que se acumulan por afectar a centros objeto de varias denuncias y actuaciones que no son específicas a residencias de ancianos, sino que afectan a otros tipos de centro asistencial o a terapeutas de modo individual.
Los datos facilitados por la fiscalía han sido recabados por los fiscales superiores de las comunidades autónomas, por lo que la mayor parte de los archivos decretados hasta el momento responden al carácter prospectivo de las denuncias interpuestas en relación con hechos ocurridos tanto en residencias como en instalaciones sanitarias, según un comunicado de la fiscalía.
En algunas fiscalías se han abierto investigaciones a raíz de denuncias presentadas por Vox. El número de actuaciones es también notable en las Castillas, ya que en Castilla-La Mancha se acumulan 14 diligencias penales. Andalucía continúa estando exenta de actuaciones al archivarse la presentada por Vox en Huelva, mientras que en Aragón se acumulan tres diligencias penales abiertas.
En este contexto, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología solicitó a las autoridades que investiguen los fallecimientos por covid-19 en las residencias con el fin de determinar las responsabilidades oportunas. El colectivo también destacó la necesidad de establecer protocolos «claros y comunes» sobre los criterios de actuación, los diferentes recursos para hacer frente al coronavirus y los circuitos y pautas de aislamiento y tratamiento de los casos.
