La Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla denunciaron ayer que el incremento de las pensiones para los huérfanos de violencia de género aprobado el pasado marzo «todavía no es efectivo» para los casos anteriores a esa fecha. Lo han puesto de manifiesto durante la presentación del tercer Informe Anual que elaboran sobre los huérfanos de la violencia machista, que desde 2013 -cuando empezaron a contabilizarse de forma oficial- ascienden a 243 menores, incluidos los 13 niños que han perdido a sus madres por estos asesinatos en lo que va de 2019.
«El problema con la ley es que todavía no es efectiva, al menos en los casos antiguos», advirtió la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, que cree que «los casos nuevos» que ha habido desde que se aprobó el aumento de esas pensiones «no tendrán ningún problema». Por ello, reclamó «celeridad» a la Administración e instó al futuro gobierno que se constituya que este tema «sea una prioridad» para poder garantizar los criterios de retroactividad que contempla la ley y que estas ayudas lleguen también a los casos de menores anteriores a la entrada en vigor de la ley.
El marido de Soledad Cazorla y promotor del Fondo de Becas, Joaquín Tagar, pidió a la Seguridad Social que «actúe de oficio» a la hora de conceder estas pensiones, de modo que no sean las familias las que tengan que pedir estas ayudas para poder cobrarlas: «Que no se tenga que aplicar la ley pidiéndolo», dijo.
